Liberación de 33 militares en Guaviare: Defensoría alerta por riesgos para la población civil

La defensora indicó que esa situación se refleja en “regulación de horarios, convocatorias a reuniones de obligatoria asistencia, control de las comunicaciones, interferencia en la organización de las comunidades y restricción a bienes y servicios básicos, incluyendo alimentos y medicinas”. Recalcó que es un “control poblacional muy fuerte” que afecta la vida diaria de los habitantes.

De acuerdo con lo dicho, la población civil enfrenta un riesgo constante por esa dinámica. “Si bien aparentemente uno puede ver sencillamente una privación de la libertad que podría llegar a configurar un secuestro, esto tiene que analizarse en contexto y sin estigmatizar a la población civil”, expresó. Agregó que la gobernanza ilegal genera coacción generalizada y limita la libertad de decisión de las comunidades.

En relación con los hechos recientes, Marín recordó que tras una operación militar en la zona murieron varias personas, entre ellas un civil. “La información preliminar indica que habría sido un miembro de la población civil, una muerte incidental pero muy grave dentro de esos operativos”, dijo. Señaló que la Fiscalía deberá esclarecer lo ocurrido.

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¿Cómo se dio la liberación de los 33 militares en Guaviare?

La funcionaria explicó que la retención de los militares ocurrió el martes, durante una asamblea en la que se congregaron cientos de personas. “El martes había alrededor de 500 personas, el miércoles alrededor de 800 personas”, precisó. En ese contexto se plantearon dos solicitudes: permitir el acceso de la familia al cuerpo de la persona fallecida en los operativos y la presencia del Ministerio de Defensa y del Comisionado de Paz.

Inicialmente, el Gobierno no accedió a la segunda petición, pero luego se presentó una delegación oficial acompañada de la ONU, la OEA, la Procuraduría y la Defensoría. Con ese escenario, se logró que los 33 militares recuperaran la libertad. “Finalmente ayer pudieron salir”, relató Marín.

La defensora subrayó que el caso debe ser analizado bajo el marco del derecho internacional humanitario. “Aquí hemos visto una violación de parte de las disidencias de ese principio de respeto de la población civil”, indicó. Insistió en que será la justicia la que determine las responsabilidades y precise si los hechos configuran un delito de secuestro.

Marín concluyó que la situación refleja la necesidad de una acción integral del Estado. “Es necesaria la retoma del control territorial, pero también es necesaria la acción social para que el referente de autoridad no sea solamente militar, sino las instituciones del Estado de Derecho”, afirmó.