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La Defensoría del Pueblo lanzó una nueva alerta tras el “paro armado” anunciado por el ELN para este domingo 14 de diciembre, el cual se estaría extendiendo por 72 horas, con un impacto directo y grave sobre la población civil de los territorios bajo influencia de ese grupo armado.
Según el organismo de control, este tipo de acciones imponen, mediante amenazas y coerción, restricciones generalizadas a la movilidad y a la vida cotidiana de las comunidades, incrementando el riesgo de desabastecimiento, falta de acceso a servicios esenciales y afectaciones humanitarias en zonas históricamente golpeadas por la violencia.
La Defensoría señaló que los denominados “paros armados” constituyen una forma ilegítima de control territorial y poblacional, cuyos efectos recaen de manera desproporcionada sobre civiles.
“Entre las principales consecuencias se encuentran la paralización de las economías locales, la interrupción de servicios de salud y educación, el aumento del riesgo de confinamientos y desplazamientos forzados, así como amenazas, homicidios selectivos y violencias basadas en género”, dijo.
Desde el punto de vista jurídico, la entidad recordó que estas conductas vulneran de manera directa el Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular las normas de protección general a la población civil y la prohibición de actos o amenazas de violencia cuyo objetivo sea aterrorizarla, consagradas en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y en el Protocolo II adicional de 1977.
Asimismo, advirtió que la imposición colectiva de restricciones bajo amenaza puede constituir castigos colectivos, prohibidos por el DIH, y desconoce la obligación de respetar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, como el acceso a alimentos, agua, atención médica y otros servicios básicos.
“La población civil no puede ser instrumentalizada ni sometida al miedo como método de presión o dominación”, subrayó la Defensoría, al reiterar que ningún actor armado puede arrogarse funciones de autoridad ni imponer normas de convivencia a comunidades enteras.
Ante el anuncio del ELN, la Defensoría del Pueblo activó sus mecanismos de seguimiento, monitoreo y verificación territorial a través de sus regionales, con el fin de identificar riesgos, acompañar a las comunidades y advertir oportunamente a las autoridades sobre la necesidad de adoptar medidas de prevención y protección, incluyendo acciones para garantizar la movilidad segura, el acceso a servicios esenciales y la atención humanitaria cuando sea requerida.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al ELN para que se abstenga de ejecutar cualquier acción que ponga en riesgo la vida, la integridad, la dignidad y los derechos de la población civil. De igual manera, exhortó a las autoridades nacionales y territoriales a implementar medidas inmediatas, coordinadas y proporcionales que garanticen los derechos humanos, con especial énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes, liderazgos sociales, comunidades étnicas y población en condición de vulnerabilidad.
“La Defensoría hace un llamado urgente al ELN para que se abstenga de ejecutar cualquier acción que ponga en riesgo la vida, la integridad, la dignidad y los derechos de la población civil”, dijo.
Finalmente, la Defensoría reiteró que el “paro armado” anunciado, lejos de cumplir los objetivos que el grupo armado afirma perseguir, profundiza la crisis humanitaria y recae de manera directa sobre las comunidades, agravando su situación de riesgo y vulnerabilidad en distintas regiones del país.
