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Son cinco empresas prestadoras de servicios públicos y tres de regulación las que están en la mira la Procuraduría General de la Nación, por presuntas irregularidades en el cobro de servicios a los usuarios en medio de la pandemia por la COVID-19.
Lo que ha conocido la Procuraduría a través de las quejas de los usuarios, es del alto cobro en tarifas de los servicios públicos como la luz y el agua entre los meses de marzo y abril.
Se trata de Codensa, que opera en Bogotá y cerca de cien municipios de Cundinamarca; tiene 3,3 millones de clientes con el 24% de participación en el país, según lo dice en su página web.
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Otra es Celsia, que es la empresa de energía del grupo Argos, con “más de un millón de clientes en 39 municipios del Valle de Cauca, 47 en el Tolima y uno en Chocó”, según lo dice en su página web.
También Electricaribe, que opera en 188 municipios de en la Costa Atlántica; Emcali, que “presta sus servicios en Cali, Jamundí, Yumbo, Puerto Tejada, y las zonas rurales de municipios vecinos como Palmira y Candelaria”, según su página web; y Empresas Municipales de Cartago.
La Procuraduría trasladó las quejas contra estas empresas a la Superintendencia Delegada de Servicios públicos Domiciliarios de Energía y Gas con el fin de verificar los presuntos altos costos al parecer injustificados, en los servicios de acueducto y energía.
El Ministerio Público también anunció la apertura de investigaciones contra tres empresas reguladores de servicios públicos.
Se trata de la Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios, (Sspd); la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA); y la Comisión Reguladora de energía y Gas (Creg).
Lo que busca establecer la Procuraduría son posibles omisiones por parte de funcionarios de esas empresas para vigilar el cobro de los servicios públicos durante la pandemia del coronavirus.
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“Se busca establecer los controles y las actuaciones de la Super y las comisiones frente a los aumentos que hicieron los prestadores en las tarifas de servicios públicos a nivel residencial, industrial y comercial, lo que podría repercutir en el menoscabo de las finanzas de los titulares de los servicios”, señala la Procuraduría en un comunicado.
"Ministerio Público busca establecer si en el marco de las funciones de inspección, vigilancia, control y regulación que les fueron asignadas, la SSPD, la CRA y la CREG han intervenido efectiva y oportunamente en la correcta aplicación del régimen tarifario por parte de los prestadores, a partir de la declaratoria de emergencia económica y social", añadió la Procuraduría en el comunicado.
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