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El pasado miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció una respuesta "desproporcionada" y "letal" por parte de las autoridades de Colombia en el marco de las protestas del paro nacional que estallaron el 28 de abril, luego de una visita extraordinaria que realizó al país.
La Comisión presentó un informe que recopila las denuncias de violaciones a los derechos humanos recogidas durante su visita a Colombia entre el 6 y el 10 de junio en medio de una crisis provocada por el descontento hacia el gobierno de Iván Duque. Además ofrece una serie de recomendaciones que han desatado una controversia en la sociedad colombiana.
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En diálogo con La FM, Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller de Colombia, manifestó que este tipo de informes jamás aplauden a los gobiernos y siempre tienen reparos, pero "para nosotros hace parte de lo que podría suceder y sabíamos que el informe tendría criticas pero también hace reconocimientos importantes".
De igual manera, la vicepresidenta Ramírez aclaró que el Gobierno no está forzado a cumplir todas las recomendaciones presentadas en el informe emitido por la CIDH, puesto que no son obligatorias porque carecen de un carácter vinculante al no hacer parte de una investigación.
La funcionara recalcó que se puede disentir de ciertas posiciones, pero también es necesario escuchar las posturas valiosas. "También es necesario tener una actitud abierta y receptiva".
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En este sentido, Marta Lucía Ramírez sostuvo que no se puede acatar la recomendación relacionada con los bloqueos, pues esta práctica ha afectado la economía y ha puesto en riesgo la vida de los colombianos, por ello es un hecho que no se puede permitir. "Son actos delictivos y están definidos en el Código Penal Colombiano, el Estado no puede permitir ese tipo de bloqueos".
Ramírez destacó que en el país se registraron 150 bloqueos simultáneos, los cuales no se generaron de manera espontánea porque contaron con planeación y financiación. "Por ello el presidente Duque pidió crear diálogo con la gente que provocaba esos cierres, y varios gobernadores lograron que estas personas desistieran, los bloqueos que persistieron fueron levantados por la fuerza publica.
La vicepresidenta también manifestó que no se puede aceptar que la policía deje de estar bajo el mando del ministerio de defensa, debido a que la policía se complementa con las fuerza militares. Recalcó que la policía de Colombia no solo tiene el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, también adelanta la lucha contra el narcotráfico que requiera unas capacidades distintas".
"Ese tipio de acciones requiere una complementación con el ejercito, ahora el Presidente Iván Duque quiso reafirmar el carácter civilista creando un viceministro de seguridad ciudadana para mejorar los protocolos de protección al ciudadano".
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La vicepresidenta reiteró que no se puede tomar el informe de la CIDH como un elemento cargado de cosas negativas, "hemos dicho que hay muchas cosas que compartimos con la CIDH y las vamos a desarrollar, como es el caso de una ley estatutaria para reglamentar el derecho a la manifestación.
"Hay otras afirmaciones que son valiosas y las tendremos en cuenta, como la protección de libertad de prensa".
