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La Superintendencia de Salud solicitó oficialmente a la Fiscalía General de la Nación investigar a fondo las posibles irregularidades dentro de la EPS Coosalud, por presuntos hechos de corrupción.
Esta solicitud surge luego de una auditoría realizada en septiembre de 2024, cuyos resultados fueron enviados a la Fiscalía en octubre del mismo año. El informe reveló serias irregularidades en el manejo de la EPS, lo que motivó la intervención forzosa de la entidad el 22 de noviembre de 2024.
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Según la Superintendencia, las fallas encontradas no solo afectan la calidad del servicio, sino que también ponen en peligro la seguridad de los afiliados.
En diciembre de 2024, la Superintendencia reveló que Coosalud podría perder más de $200.000 millones por un crédito otorgado por el Banco GNB Sudameris S.A. a la empresa Coosalud Inversa S.A., el cual fue garantizado por la propia EPS.
Aunque el crédito no fue pagado como se había pactado, se descubrió que Coosalud transfirió más de $200 mil millones de fideicomisos relacionados con la EPS, lo que ha generado preocupación sobre el uso inapropiado de los recursos públicos.
“El informe presentado ante la Fiscalía plantea dudas sobre cómo Coosalud manejó los recursos destinados a la salud, lo que podría ser una desviación de fondos públicos que debe ser investigada y sancionada”, indicó Rubiano García, Superintendente de Salud.
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Además, se identificó un posible conflicto de interés, ya que Jaime González, representante legal de Coosalud EPS, también representaba a la empresa Coosalud Inversa S.A.S, lo que generó dudas sobre la transparencia de las decisiones tomadas en beneficio de la EPS.
La Superintendencia indicó que continúa con su labor de supervisión y control en otros frentes del sistema de salud, incluyendo auditorías en la Fiduprevisora y en diferentes regiones del país, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de la población colombiana, especialmente en zonas vulnerables como el Chocó y La Guajira.
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