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La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, indicó que 57 empresas han sido identificadas y están siendo investigadas e inspeccionadas por prestar servicios de seguridad privada de manera ilegal. Según el superintendente, Alfonso Manzur, este número es alarmante, ya que solo corresponde a dos ciudades en lo que va corrido del año.
“Estas empresas podrían ser sancionadas e incluso cerradas si no se acoplan al régimen legal que las debe sostener”, indicó el funcionario.
Manzur explicó que las sanciones van dirigidas a todas aquellas compañías que contraten empresas de seguridad privada ilegales. El objetivo principal de las investigaciones es la formalización y legalización de estas empresas para que puedan tener todo el respaldo de la Superintendencia y ofrecer garantías laborales para sus trabajadores.
El superintendente dijo que la entidad tiene está dispuesta a apoyar a las empresas que desean formalizar su actividad y que están prestos a brindar la asesoría para todo el proceso de ley. El objetivo no es cerrar empresas, sino legalizarlas.
“Vamos a abrir las puertas de la Superintendencia para que ellos tengan una asesoría legal de cómo es el proceso para la formalización y no incurrir en el cierre de ninguna empresa”, indicó Alfonso Manzur.
Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada, Confevip, Miguel Ángel Díaz, ha extendido la invitación para que el gremio de la seguridad opere bajo el margen legal.
“Desde confevip apoyamos ese concepto de legalidad y queremos que toda la industria sea legal. Este es un gremio muy importante para nuestro país y debemos responder de la mejor manera y con todo en regla”, afirmó Díaz García.
Según Díaz, el sector de la seguridad privada brinda más de 380 mil empleos en todo el país y es por ello que ha instado a los empresarios que tienen malas prácticas a que se sometan a la reglamentación legal estipulada por el Gobierno Nacional.
