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Más de 500 indígenas irrumpieron este miércoles en el edificio de la Alcaldía de Medellín para protestar por la falta de asistencia para los desplazados por la violencia y exigir que les permitan trabajar en las calles de esa ciudad.
Lo que comenzó como una manifestación pacífica de comunidades indígenas del departamento del Chocó, que se encuentran asentadas en Medellín desde hace algún tiempo, terminó en una toma a la fuerza en el Centro Administrativo La Alpujarra, donde están ubicadas la Alcaldía de la ciudad y la Gobernación de Antioquia.
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Tras su ingreso, los indígenas causaron algunos destrozos en puertas, ventanas y mobiliario, por lo que organismos de emergencia debieron evacuar por los sótanos del edificio a funcionarios públicos.
El personero de Medellín, William Yeffer Vivas, dijo que los líderes de la protesta manifestaron que ingresaron a esas instalaciones, principalmente en rechazo a que la Policía y la Alcaldía "no dejan trabajar" a las madres con sus niños menores de edad.
Pero no es la única razón, esgrime el nutrido grupo de indígenas, la mayoría del pueblo embera-chamí, pues además manifiestan que "hay un incumplimiento por parte de la Unidad de Víctimas y de la Alcaldía en la entrega de ayudas humanitarias para los desplazados por la violencia".
Vivas precisó que estas comunidades, que empuñaron sus bastones y lanzaron piedras al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, piden que les cumplan acuerdos previos y les garanticen albergues y alimentación, además de solicitar que dejen "a las madres vender artesanías con sus menores de edad en distintos sitios de la ciudad".
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El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, rechazó la "forma violenta" en la se tomaron el edificio y aseguró que esta protesta se da en respuesta a las intervenciones que vienen realizando la Gerencia de Etnias, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía de Infancia y Adolescencia para evitar que niños indígenas sean explotados.
"Detrás de esto hay unos jefes, unos taitas, unos caciques (...) Es una red que está utilizando a menores para pedir plata y para hacerle bailes a extranjeros, y en muchos casos hemos detectado incluso explotación sexual", aseguró Quintero, quien lamentó que "más de cien niños" participaran en la "toma" a la Alcaldía.
Advirtió que no va a "ceder" ante protesta y denunció que algunos menores son dejados en "camionetas de lujo" en varios puntos de la ciudad para ejercer la "mendicidad".
Las peticiones de los indígenas empezaron a ser revisadas por una mesa de diálogo, en la que participan miembros de la Defensoría del Pueblo, la Personería de Medellín, la Procuraduría, la Unidad para las Víctimas y el ICBF, entre otros.
