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La empresa Claro respondió a las versiones planteadas desde el Congreso de la República que indicaron presuntos incumplimientos efectuados por esa compañía en el contrato con el Ministerio de Tecnologías para llevar conectividad a miles de colegios en zonas rurales del país.
La polémica se generó durante el pasado debate de moción de censura a la entonces ministra Karen Abudinen, cuando el representante a la Cámara, Jorge Alberto Gómez, aseguró que la empresa Claro, adjudicador de la zona A de ese contrato, solicitó suspenderlo.
Según el congresista, lo anterior se habría efectuado el pasado 20 de mayo de 2021, "porque el 31 de mayo (Claro) tenía que entregar el 21% de la obra a satisfacción y no lo entregó".
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En ese momento, el político señaló que "¿Sabían ustedes que el otro contratista, la gran multinacional de Carlos Slim está incumpliendo el contrato de la zona A, y está para revisión de la interventoría?
Ante esta situación, la empresa respondió a RCN Radio y manifestó que "ha cumplido con lo estipulado en el contrato".
La compañía argumentó que ya instaló y entregó los 1.515 centros digitales correspondientes a la fase 1, "comprendida por 758 en la fase 1A y 757 de la fase 1B -esta última con una ampliación de 40 días otorgada por el MinTIC por los hechos de orden público ocurridos en el país durante el primer semestre de 2021-".
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Ese operador manifestó que en este momento "está ejecutando las siguientes fases del contrato conforme al cronograma establecido; 2.919 centros digitales en la fase 2 para el 29 de octubre de 2021 y 3.034 para la fase 3, que concluye en mayo de 2022".
Recordó que durante más de 25 años de operaciones en el país, "Claro ha demostrado su compromiso con la conectividad de Colombia y ha realizado las inversiones más altas del sector de telecomunicaciones para garantizar la cobertura y acceso a la tecnología en todos los rincones del país, cumpliendo con los compromisos y las normatividad vigente".
Cabe mencionar que el proyecto para llevar conectividad a las zonas rurales de Colombia se dividió en dos áreas asumidas por las empresas Claro (en la zona A) y la Unión Temporal Centros Poblados (en la zona B); esta última envuelta en un escándalo de corrupción por posible falsificación de documentos para ganar la licitación.
