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La Fiscalía General maneja otra línea de investigación por las irregularidades que se presentaron en el proceso de licitación del billonario contrato firmado en octubre de 2020 entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.
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Uno de los principales testigos en este entramado de corrupción le aseguró a los fiscales que tras conocerse la noticia que se iba a pedir la caducidad del contrato por parte del MinTIC por los incumplimientos en los que había incurrido el contratista un grupo de políticos habrían intentado mover sus fichas para que esa audiencia nunca se llevara a cabo.
Un testigo, cuya identidad se reserva por motivos de seguridad, aseguró que dos días antes de la citada audiencia en el Ministerio se empezaron a ejercer diferentes presiones para que el contrato no se caducara y se continuará así con su polémica ejecución.
En un punto señaló que los representantes de la Unión Temporal intentaron ejercer presiones para que se desviara el caso y se les presentara como “víctimas” de un “engaño” en el tema de las pólizas aseguradoras falsificadas.
Con esto se quería demostrar que Cerros Poblados nunca había tenido conocimiento de estos hechos ilegales puesto que habían contratado a una “persona de su entera confianza” que los había engañado en su buena fe con la presentación de documentación falsa.
Pero uno de los puntos que más le llamó la atención a los investigadores fue la palabra “políticos” que mencionó el testigo –quien ya manifestó abiertamente su interés de colaborar para que todo se aclare- al indicar que un día antes de la audiencia se empezaron a generar llamadas para suspender la diligencia.
Para esto intentaron contactar a altos funcionarios del Ministerio de las TIC con el fin que se cambiara a última hora la finalidad de la audiencia. Es decir, no querían que se realizara una caducidad sino una cesión del contrato, tal como pasó en Bogotá con el contrato de la Fase III de TransMilenio que le fue arrebatado al Grupo Nule para serle entregado a la empresa Conalvías.
En su proceso de colaboración el testigo aseguró que tiene conocimiento sobre los nombres de aquellos políticos que intentaron desviar el fin de la audiencia citada para el 22 de junio de 2021.
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Ahora los investigadores deberán establecer la veracidad de estas declaraciones y si en efecto políticos habrían movido influencias para evitar que no se llevara a cabo la caducidad del polémico contrato.
En la audiencia de imputación de cargos la fiscal 79 de la Unidad Anticorrupción anunció que Emilio Tapia y Juan José Laverde ejercieron presiones indebidas contra Jorge Alfonso Molina García-Mayorga para que se inculpara de haberlos engañado con la obtención de las pólizas falsas. A cambio de esto le prometieron colaborarle con todos los gastos jurídicos.
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Por su parte, Juan Carlos Cáceres Bayona, fundador de Nuovo Security LLC., aseguró que tras manifestar su interés de colaborar con las autoridades fue víctima de una amenaza dentro de su casa por hombres fuertemente armados.
La Fiscalía General les imputó los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal al empresario Emilio Tapia: al representante de la Unión Temporal Centros Poblados, Luis Fernando Duque y al directivo de Rave Agencia de Seguros, Juan José Laverde.
Por considerar que representan un peligro para la sociedad y puede afectar la administración de justicia con la destrucción de pruebas y presión a testigos la Fiscalía General pidió que sean cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.
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