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Después de tres años de firmar el convenio, las obras de la cárcel de Yarumal están suspendidas y su futuro es incierto. Por eso, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, le envió una carta a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, en la que le solicitó liquidar el contrato para la construcción del penal, que albergaría a 930 internos, y devolver 14 mil millones de pesos aportados por el departamento y la Alcaldía de Medellín.
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Pérez Gutiérrez acusó a la anterior ministra, Gloria María Borrero, y a la Uspec, de ponerle “freno de bolígrafo” al proyecto. Señaló que las cárceles son inhumanas, están hacinadas y convertidas en “espacios de impunidad”, desde donde los reclusos continúan delinquiendo.
"Me da mucho pesar porque le estoy pidiendo a la ministra de Justicia que se liquide el convenio, que nos devuelvan la plata y que respondan desde Bogotá por ese elefante blanco que van a dejar en Yarumal (...). Después del cambio de Gobierno, lo que ha habido es un peregrinaje burocrático que trae frustraciones para el proyecto", señaló el gobernador.
El funcionario agregó que "le estamos diciendo a la ministra de Justicia que uno de los problemas más grave que tiene el país es el sistema carcelario. Están hacinadas y son inhumadas. No hay misericordia con los internos. Los criminales tienen oficinas digitales y, desde allí, extorsionan. No hay quién controle las cárceles. Nosotros queriendo ayudar, pero el Ministerio de Justicia lo único que hace es poner obstáculos", puntualizó.
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Hace un mes, la Corte Suprema de Justicia le reiteró a la Alcaldía de Medellín y a las autoridades antioqueñas, la orden de construir nuevas cárceles para descongestionar las estaciones de Policía y el búnker de la Fiscalía. Advirtió que los internos carecen de las mínimas condiciones de respeto a su condición humana y sufren “tratos indecorosos, humillantes y discriminatorios”.
