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En entrevista para La FM de RCN, Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, entregó detalles sobre la acción popular interpuesta por la organización para proteger los derechos colectivos en el departamento de Arauca ante la falta de control territorial por parte del Gobierno nacional.
La acción, que ya fue admitida por un juez del departamento, busca que el Estado actúe de manera decidida frente a la grave situación de seguridad que enfrenta esta región del país.
“La acción popular que presentamos tiene como objetivo proteger los derechos colectivos a la paz, la seguridad pública, la moralidad administrativa y el goce del espacio público en Arauca. Lo que estamos buscando es que el Gobierno nacional, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior activen el Ejército Nacional y la Policía para garantizar la seguridad pública”, explicó Caro.
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El director enfatizó en la necesidad de capturar y judicializar a los miembros de los grupos armados que ejercen control en el territorio. También destacó la importancia de desarticular estas estructuras criminales, así como de establecer un mayor control sobre el proceso de negociaciones de paz que adelanta el Gobierno.
“El abandono estatal no es nuevo, pero en los últimos dos años se ha recrudecido. El Ejército y la Policía deben actuar de manera contundente para proteger la vida, la honra y los bienes de la población en Arauca y en cualquier departamento de Colombia”, afirmó Caro.
Esta acción popular se suma a otras cinco presentadas por la fundación en departamentos como Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Huila, en un esfuerzo por impulsar medidas efectivas para garantizar la seguridad en varias regiones del país.
“Con esta acción, un juez puede ordenar al Gobierno que implemente planes concretos para proteger a la ciudadanía en Arauca y que además rinda cuentas sobre las estrategias que está llevando a cabo", explicó Caro.
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El director también hizo un llamado a las autoridades nacionales para priorizar la seguridad en el departamento y trabajar de manera integral para restablecer la confianza de la población en las instituciones.
