Corte Suprema acusa al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, por corrupción

La Corte Suprema declaró este lunes formalmente acusado al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, como probable coautor de los delitos de peculado por apropiación, contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

Durante la audiencia pública de formulación de acusación realizada este lunes contra el exgobernador, la Sala Especial de Primera Instancia anunció la decisión tras evaluar el trámite del proceso. Según la decisión del Magistrado, el exgobernador fue acusado como "probable coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros, y determinador del delito de interés indebido en la celebración de contratos, contemplados en los artículos 410, 397 y 409 del Código Penal".

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La Sala también advirtió que estos delitos se analizarán bajo la circunstancia de mayor punibilidad, "conforme a lo establecido en los numerales 1, 9 y 10 del artículo 58 del mismo código. El proceso se adelanta bajo los parámetros de los artículos 339 y 347 de la Ley 906 de 2004".

Mauricio Aguilar Hurtado, enfrenta este proceso judicial por presuntas irregularidades en la contratación pública en procesos que registrados entre los años 2020 y 2021, entre la entidad departamental y el medio de comunicación público Canal TRO. Hasta el momento, ni el exgobernador ni su defensa se han pronunciado públicamente sobre la acusación formal emitida por la Corte Suprema de Justicia.

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El proceso investiga dos contratos suscritos con un año de diferencia, en los que se habría adjudicado un primer convenio por cerca de 3 mil millones de pesos, con una duración aproximada de tres meses, y un segundo por alrededor de 6 mil millones de pesos, con un plazo de ejecución de siete meses.

Según la Fiscalía los contratos celebrados no habrían cumplido con las normas que garantizan una contratación pública íntegra, al parecer transgrediendo los principios de transparencia, economía y selección objetiva establecidos por la ley.