Corte Constitucional ordena proteger al pueblo Awá por contaminación con crudo del oleoducto trasandino

La Corte Constitucional tomó una decisión trascendental para proteger los derechos del pueblo Awá, que habita en los municipios de Barbacoas y Tumaco, en Nariño.

El alto tribunal ordenó una serie de medidas tras confirmar que al menos 20 resguardos indígenas de la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Awá (UNIPA) resultaron afectados por la contaminación con crudo de petróleo en su territorio, en el contexto de la operación del oleoducto trasandino.

Los resguardos presentaron una acción de tutela contra la empresa Cenit S.A.S., filial de Ecopetrol S.A., y otras entidades, argumentando la vulneración de sus derechos fundamentales debido a los derrames de petróleo generados por daños en el oleoducto. Según la Corte, estos daños no son incidentales, sino resultado de ataques y perforaciones recurrentes, muchos de ellos atribuidos a grupos armados ilegales y economías ilícitas que operan en la zona.

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El alto tribunal determinó que la ruptura de la infraestructura petrolera ha provocado el vertimiento de crudo en fuentes hídricas y en ecosistemas vitales para las comunidades, afectando directamente su derecho al agua potable y la integridad del territorio ancestral.

En su análisis, la Corte también llamó la atención sobre la falta de licenciamiento ambiental del oleoducto, lo que —según el fallo— impidió que las autoridades ambientales conocieran con precisión los impactos de la operación sobre el pueblo Awá y otras comunidades vecinas.

Como parte de la decisión, la Corte ordenó la suspensión temporal de la operación del oleoducto trasandino hasta garantizar condiciones adecuadas de seguridad y control ambiental. Además, exigió al Estado y a las empresas involucradas que aseguraran el acceso al agua potable para los resguardos afectados y adoptaran acciones efectivas de prevención, mitigación, restauración y compensación del daño ambiental y social ocasionado.

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Finalmente, la Corte hizo un llamado al Gobierno Nacional para ajustar las normas y políticas públicas sobre licenciamiento ambiental, especialmente en regiones atravesadas por el conflicto armado, donde la infraestructura energética puede agravar los riesgos para las comunidades étnicas y el medio ambiente.