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La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), citó a rendir versión al mayor general (r) Luis Felipe Montoya, por los falsos positivos de indígenas del pueblo awá de Nariño.
Según se conoció se le investiga por las ejecuciones extrajudiciales de integrantes del pueblo awá en Nariño, que presentaron como bajas en combate.
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El próximo lunes 6 de junio se realizará la audiencia dentro del caso 02 que se encarga de investigar la vulneración de derechos humanos ocurrida en la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño).
De acuerdo con la investigación existe información que advierte que el militar retirado estaba vinculado con los asesinatos de indígenas awá y de población civil en medio de hechos que se presentaron en el 2006, cuando el militar retirado era comandante del grupo de caballería 'General José María Cabal'
"Las muertes de estos civiles habrían sido presentadas como supuestas bajas en combate contra la 'Columna Mariscal Sucre', de las Farc-EP, que operaba en los municipios Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, en Nariño", señaló la JEP en un comunicado.
Los magistrados de la Sala de Reconocimiento identificaron que de todos los hechos victimizantes ocurridos entre los años 1990 - 2016 en esa región, se dispararon los desplazamientos y confinamientos de las comunidades por los combates entre el Ejército y los grupos armados ilegales.
Perfilamientos o chuzadas
El mayor general Luis Felipe Montoya, también fue llamado a juicio por la Procuraduría General de la Nación en 2020 por el escándalo de perfilamientos a más 130 personas, entre periodistas y políticos.
En diciembre del 2018 la jefatura del Estado Mayor de Operaciones. Oriundo de Villavicencio, también formó parte del Comando Estratégico de Transición (COET) y fue comandante de la segunda división y de la Fuerza de Tarea Vulcano.
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En su momento, indicó la Procuraduría, que tanto el general retirado Montoya como otros también involucrados estaban adscritos a "la Jefatura del Estado Mayor Operaciones, el Comando de Apoyo Combate Inteligencia Militar, Comando Brigada #1 de Inteligencia Militar y los batallones de Ciberinteligencia, Inteligencia Militar Estratégico #4 y de Contrainteligencia de Seguridad de la Información", y son vinculados "por presunta recolección de información de carácter íntimo de ciudadanos nacionales y extranjeros".
La Procuraduría tuvo en cuenta las pruebas que se recolectaron en medio del allanamiento a las instalaciones a la sede ciberinteligencia, ubicada en Facatativá, hecha en diciembre de 2019.
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