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La hipótesis de la Fiscalía General con la colaboración especial de Juan Carlos Cáceres y Jorge Molina, apunta a relatar que quien estuvo detrás del entramado de empresas para conformar la Unión Temporal Centros Poblados y luego ordenar los documentos falsos, fue el condenado por el carrusel de la contratación, Emilio Tapia.
Tapia, que estaba en libertad condicional tras pasar una parte de su condena, aparece en el escándalo por chats y correos que lo vinculan con las compañías. Según la Fiscalía, habría sido este quien buscó a Juan Carlos Cáceres, dueño de la empresa Funtic de Norte de Santander, para señalarle junto a cuáles empresas podría aliarse y conformar la UT. Las tres empresas agregadas fueron Omega buildings, Intec de la Costa y IMC Ingenieros, todas con experiencia única en el sector infraestructura y de materiales de construcción.
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Pero en las audiencias de legalización de captura en las que la Fiscalía expuso parte de la evidencia en el proceso para argumentar por qué debería haber una medida de aseguramiento contra los detenidos, el ente acusador apuntó al nombre de Jorge Enrique López Benavides como la persona encargada de conseguir las garantías bancarias falsas. López no pudo ser capturado porque se escapó en el momento del operativo.
La FM encontró el récord de contratos que López Benavides tuvo antes con varias entidades del Estado y gobernaciones. Lejos de ser una pieza suelta en el caso, este contratista es un avezado constructor que tiene amplia experiencia en participar en licitaciones y con sumas importantes de recursos para ejecutar a su cargo.
López aparece firmando una queja en octubre de 2015 a las autoridades de Neiva acusando a un competidor de supuestas irregularidades en la licitación de un contrato para el diseño y construcción de la institución educativa Rodrigo Lara Bonilla etapa 2. “Hay que retrotarer el proceso de selección hasta la evaluación de las ofertas técnicas de tal forma que vuelva a surtirse el proceso desde dicha etapa procesal”, decía el documento. Esta carta la envió como representante del consorcio HCM.
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El mayor problema en la historia de contratación de López tiene que ver con las obras del parque río Cali, también en 2015. Estas obras fueron contratadas inicialmente por 16.000 millones de pesos, pero el contrato terminó reestructurado por 19.443 millones y ,luego, ante los incumplimientos del consorcio Alfa Cali, representado por López Benavides, fue cedido a la Unión Temporal Espacio 2015 el 31 de diciembre de ese año cuando nadie prestaba atención. Finalmente, el contrato se desarrolló con retrasos y un presupuesto que terminó en $ 28.649.210 millones de pesos, el doble del presupuesto inicial.
Su empresa, CM Construcciones y mantenimientos, está vinculada también a Jorge Alfonso Molina García que firmó el acuerdo de colaboración con la Fiscalía para entregar evidencia contra Luis Fernando Duque, Juan José Laverde y Emilio Tapia.
La empresa de López y Molina se ganó otro contrato con la Gobernación del Atlántico en la administración de Eduardo Verano De la Rosa por $ 15.658 millones para la construcción de 10 obras de infraestructura dirigidas a la población de Tubará, Malambo, Soledad y Baraona. El consorcio fue Edificación 2017.
Luego, en 2018, López se ganó otra licitación para la construcción del nuevo hospital de mediana complejidad en el municipio de Mompós por $ 31.519 millones de pesos con el consorcio Hospital Mompós.
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Un contrato más con la USPEC que López obtuvo entre 2017 y 2018 por alrededor de 10.000 millones de pesos fue el del fortalecimiento de la infraestructura física del establecimiento de reclusos de orden nacional en varias regiones de Antioquia con el consorcio del sur.
Finalmente, el nombre de su empresa aparece relacionada con una dura controversia con el Fonade por el incumplimiento de un contrato para San Andrés en nombre del llamado consorcio Norte. Un laudo arbitral ratificado por el Tribunal Contencioso Administrativo del departamento de San Andrés, ordenó a CM Construcciones y Mantenimientos y las demás empresas del consorcio, el pago de una suma de dinero por más de $ 1.100 millones de pesos, tras el incumplimiento en otro contrato.
Esta amplia experiencia en contratación demuestra que el personaje oculto del escándalo de Min Tic tenía buenas relaciones en el sector infraestructura. La pregunta es cómo se organizó la consecución de las garantías bancarias falsas con López Benavides y si esta era la primera vez que lo habría hecho para ganar una licitación pública.
