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El grupo interdisciplinario de expertos del sector salud del que hacen parte exministros y exviceministros de salud a nivel nacional afirmaron que el 2024 finaliza con un sistema en crisis, al evidenciar que miles de pacientes han perdido sus tratamientos aquellos recibieron de forma periódica y oportuna; donde los más afectados son aquellos que padecen enfermedades crónicas o huérfanas.
Afirmaron que las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQRS) que se suman a las tutelas, crecieron en cifras superiores al 30% y el 40% al compararlas con el 2023.
“La oportunidad en el acceso a los servicios de salud se retrasa día a día para usuarios y pacientes. Más de 1200 IPS cerradas en 2024 por cuenta de esa insuficiencia de recursos financieros. Más de 3000 servicios médicos clausurados de manera definitiva y más de 8000 de forma temporal, por la misma razón, es preocupante”, indicaron.
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A su vez señalaron que se tiene en la actualidad a Ocho EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud y una más en vigilancia especial, lo que demuestra un problema financiero sistémico y no un simple reto administrativo.
“Sus pérdidas patrimoniales suman más de -7,5 billones de pesos sin contar los balances de la Nueva EPS. La desfinanciación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y del presupuesto máximo conducen a un déficit para final de año, superior a los 5,5 billones de pesos”, explicaron
Apuntaron que mientras esto ocurre, el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, (quien parece en tránsito a la política electoral) usa la amenaza; niega y tergiversa la realidad del sistema de salud.
“Vemos que también evade la responsabilidad que tiene ante esta crisis que avizora el colapso del sector salud. Igual comportamiento tiene con la historia de los últimos 30 años del sistema que simplemente “no le gusta” y por eso quiere cambiar, a pesar de que la última encuesta del propio Ministerio de Salud mostró en 2022 que tan solo el 8 por ciento de la población lo consideraba malo o muy malo”, señaló.
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Los exministros afirmaron que, además, durante este tiempo en el que han expresado las principales problemáticas de la salud, el Gobierno Nacional desconoce los logros que el sector salud ha tenido.
“No acepta que la cobertura del seguro constitucionalmente irrenunciable a la salud creció en 30 años -desde 1992- del 23 a prácticamente el 100 por ciento de la población; al tiempo que se incrementó la financiación pública desde el 2.6 al 5.8 por ciento del producto interno bruto (PIB). Con ello se creó un fondo común sustentado en la solidaridad y la eficiencia, materializadas a través de la UPC, lo que ha permitido la mencionada ampliación de la cobertura”, manifestaron.
Dijeron que tampoco acepta el incremento sustancial en el acceso a los servicios de salud de tal manera que ha crecido desde una consulta por ciudadano al año -que realizaba todo el sistema de salud en 1992-, a más de 4.5 consultas por ciudadano al año que se realizaban en el 2022, de las que se desprenden millones de procedimientos, intervenciones y tratamientos.
“Esto en el marco de un aumento del 56 por ciento de la población que habitaba Colombia en 1992. Además, se igualaron los planes de beneficios en salud para las personas afiliadas a los regímenes contributivo y subsidiado, lo que trajo mayor igualdad y equidad en el país”, aseguraron.
Recalcaron que los logros se hallan en peligro por las decisiones que ha tomado este Gobierno desde el Ministerio de Salud. “Los avances en el goce efectivo del derecho a la salud se encuentran en verdadero riesgo", sostuvo.
Señalaron que "nada de lo alcanzado en estos 30 años se obtuvo con la retórica de los discursos ideologizados y las declaraciones grandilocuentes. El bienestar y la salud de la población se logran con trabajo constante y mediante la materialización de sus derechos consagrados en la Constitución, para lo cual se requiere respetar sus principios y sustentar las decisiones con la evidencia técnica, la regulación pertinente y la ejecución efectiva.En los dos últimos años el Ministerio ha sido incapaz de actuar de esta manera”, aseguraron.
Aseguraron que de manera desafortunada el Gobierno Nacional ha considerado que con la intervención y la transformación de los agentes que gestionan la demanda en salud de la población, mejoraría un reto que fundamentalmente corresponde a la oferta de servicios.
“Craso error que ha conducido a un empeoramiento de los indicadores de acceso a la prestación de los servicios y a la crisis que hoy padecemos los colombianos. De continuar por esta ruta el deterioro del sistema de salud se profundizará en el año 2025”, puntualizaron.
El documento fue firmado por los exministros Jaime Arias, Augusto Galán, Alejandro Gaviria, Diego Palacio, Gabriel Riveros, Mauricio Santamaria, Beatriz, Londoño y Fernando Ruiz.
