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El colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que representa a 600 afectados de Hidroituango, radicó una solicitud de conciliación en la Procuraduría, en contra de EPM y otras entidades, por los daños causados por la construcción del proyecto energético.
Las pretensiones están relacionadas con una indemnización y reparación integral, garantías de no repetición, reconocimiento de lucro cesante, entre otros.
La abogada Rosa María Mateus advirtió que, una vez se presentó el recurso, algunos afectados denunciaron que la empresa les condicionó la entrega de ciertas ayudas a retirar la demanda. Señaló que se trata de presiones que se están ejerciendo a través de la firma de contratos.
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"A la persona le dicen que le otorgan el arreglo de la vivienda para que pueda retornar ya a la casa, pero tiene que firmar un contrato de transacción y en las cláusulas hemos encontrado que las personas tienen que renunciar a continuar con reclamaciones o futuras demandas", señaló.
Uno de los campesinos que perdió la vivienda, la ropa, los enseres y los cultivos el 12 de mayo de 2018 por la creciente en Puerto Valdivia, expresó su desacuerdo con las cláusulas.
"La gente debe renuncie al pasado, presidente y futuro a todo proceso jurídico ante EPM. Yo creo que eso no es ético para un abogado ponerle a firmar eso a una familia que está aguantando hambre", señaló.
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En una carta dirigida al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, la firma de abogados, el movimiento Ríos Vivos y la Comisión Colombiana de Juristas, le exigieron “reactivar las ayudas económicas”, “suspender las presiones económicas e ilegales de EPM a los pobladores” y “respetar los derechos fundamentales al mínimo vital” y al acceso a la justicia.
Según el documento, “las ayudas humanitarias son absolutamente independientes de las pretensiones y del derecho a la reparación integral y de justicia que están reclamando”.
En el proceso se espera tener una propuesta de parte de EPM, la cual puede ser aceptada o rechazada por los demandantes.
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