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El Ministerio de Salud confirmó que fue suspendido el traslado de los afiliados de SaludVida EPS S.A., que estaba previsto a partir de este primero de diciembre en todo el país.
La decisión fue tomada luego que la Procuraduría general, en virtud de un fallo proferido por un juzgado de la ciudad de Valledupar, le solicitara a la Superintendencia Nacional de Salud que suspendiera la ejecución de las acciones derivadas del acto administrativo, por medio del cual esa entidad ordenaba la toma de posesión para liquidación de SaludVida EPS. S.A.
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Son más de un millón de afiliados de esa entidad los que deberán seguir siendo atendidos por esta EPS en las diferentes regiones del país.
“Para garantizar el principio de continuidad del derecho a la salud, SaludVida EPS S.A. debe seguir prestando los servicios de salud a sus afiliados que suman 1.117.537 en todo el país”, señala uno de los apartes del comunicado de la Supersalud.
De acuerdo con esa entidad, la red prestadora de servicios debe atender a los afiliados a Saludvida sin interrupciones, con cobertura y calidad.
“Con la Superintendencia de Salud, la Procuraduría, la Defensoría del pueblo y las Secretarías Departamentales de Salud se va a continuar velando para que los derechos de los afiliados a Saludvida se cumplan y atendiendo sus posibles vulneraciones”, subraya otro apate del texto.
La suspensión del traslado se originó tras un anuncio de la Procuraduría General de La Nación en el que le pidió a la Superintendencia de Salud que suspendiera los procedimientos administrativos, actos y contratos del proceso de liquidación que se adelanta contra la EPS Saludvida.
Esta petición fue adelantada por la procuradora delegada Gloria Yaneth Quintero, con el objetivo de salvaguardar el ordenamiento jurídico.
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La Procuraduría estableció que el superintendente salud, Fabio Aristizabal, debia dar cumplimiento a las acciones judiciales que se han registrado en este proceso.
“El Superintendente Nacional de Salud tiene el deber funcional de cumplir con la orden impartida por el juez de tutela el 22 de octubre de 2019, radicada en el fallo de primera instancia emitido el 14 de noviembre de la misma anualidad, siendo menester recordar que todo servidor público está en la obligación de cuplir las desiciones judiciales”, destaca la solicitud de la Procuraduría.
Esa entidad manifestó también que “al plenario se allegaron elementos probatorios según los cuales con posterioridad a la adopción de la medida provisional dentro de la acción de tutela se tomaron acciones que no estaban definidas".
El documento señala que “Dario Laguado ha suscrito documentos en calidad de liquidador de saludvida S.A. en liquidación, ejemplo las resoluciones de despido sin justa causa y oficios de terminación de contrato de trabajo sin justa causa, no obstante que los efectos de de la resolución del proceso de liquidación se encuentran suspendidos”.
