Revelan detalles del proyecto para el sometimiento de grupos criminales

La iniciativa llegaría al Congreso en febrero con mensaje de urgencia.
Senado de la República
Crédito: Colprensa - Álvaro Tavera

Una de las grandes reformas que piensa impulsar el Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso el próximo año, es el proyecto de ley que permite el sometimiento de los grupos criminales que operan en el país.

La iniciativa, que se presentaría en febrero con mensaje de urgencia, ha estado en proceso de construcción por parte del Ministerio de Justicia y de varios sectores políticos, que están trabajando todo el tema relacionado con la paz total.

Hace algunas semanas se conoció un borrador del texto de la propuesta que tendría alrededor de 90 artículos y que plantea un serie de pautas enmarcadas dentro de la justicia restaurativa para los miembros de las bacrim que decidan dejar las armas e incorporarse a la vida civil.

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En dicho borrador se planteaba rebaja de penas de hasta el 60% para quienes entren en proceso de acogimiento, medidas de prisión comunitaria, beneficios para quienes cumplieran con la cuarta parte de la condena, amnistías para integrantes rasos de estas organizaciones y hasta la posibilidad de que pudieran quedarse con el 10% de los bienes que están en su poder.

Sin embargo, según conoció RCN Radio, el Gobierno estaría pensando en depurar el texto del proyecto y excluir del mismo todas estas propuestas relacionadas con las modificaciones al Código Penal.

Fuentes políticas consultadas indican que la idea sería promover un proyecto de ley más pequeño, de más o menos 15 artículos, que contendría todo el marco normativo que le permitiría al Gobierno adelantar acercamientos para iniciar la negociación con estos grupos.

Una vez avanzados los diálogos y cuando ya se tengan claras las condiciones que se establecerían para la desmovilización colectiva de la organizaciones criminales, se tramitaría una iniciativa adicional que tendría todo el componente de justicia restaurativa y de penas alternativas para sus integrantes.

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El Gobierno y los sectores políticos no quiere apresurarse a plantear ninguna propuesta que cobije a los integrantes de estos grupos, cuando ni siquiera se conoce en qué términos se llevará a cabo la conversación con estas personas.


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