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El director de Planeación Nacional, Alexander López, anunció este lunes que, debido a la decisión de las mayorías en las comisiones económicas del Congreso de negar una ley de financiamiento, el Gobierno emitirá un decreto el 31 de diciembre para aplazar $12 billones en recursos.
Esta medida, según López, tendrá graves repercusiones en la inversión social destinada a las clases medias y los sectores más empobrecidos del país.
El análisis, liderado por el presidente Gustavo Petro y su equipo económico durante más de una semana, permitió priorizar recursos clave para áreas como educación, salud, reforma agraria y seguridad alimentaria.
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Sin embargo, López advirtió que estas decisiones no son suficientes para garantizar la sostenibilidad de los programas sociales y llamó al Congreso a aprobar una nueva reforma tributaria o una ley de financiamiento que permita redistribuir los impuestos de manera más equitativa.
“El Congreso ha protegido a quienes más tienen, mientras los sectores más vulnerables carecen del apoyo necesario del Estado”, afirmó López, quien insistió en que las decisiones legislativas motivadas por intereses políticos están afectando directamente a la población.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno por proteger a los sectores más deprimidos, las restricciones presupuestales podrían impactar negativamente en el acceso a servicios básicos y oportunidades para miles de colombianos.
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El aplazamiento de $12 billones supone una reducción significativa en los recursos disponibles para proyectos estratégicos del Gobierno. No obstante, López aseguró que se ha garantizado la financiación de programas esenciales dirigidos a niños, jóvenes y adultos mayores.
“Seguimos comprometidos con un gobierno que piensa en la gente, pero necesitamos que los más favorecidos paguen lo que les corresponde en impuestos para sacar adelante a las clases más necesitadas”, añadió.
Finalmente, señaló que el llamado a la reforma tributaria busca corregir los desequilibrios generados por las decisiones del Congreso, que, en su opinión, priorizan intereses particulares sobre el bienestar general. El director concluyó destacando que el Gobierno seguirá trabajando en garantizar los derechos de la población, pero insistió en que sin nuevas herramientas fiscales, las metas sociales quedarán comprometidas.
