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La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el artículo primero del texto de la reforma política que alúminas de tajo las facultades que tiene actualmente la Procuraduría para sancionar y suspender a funcionarios de elección popular con 22 votos por el sí y siete por el no.
“Con excepción de la sanción de pérdida de investidura, las limitaciones de los derechos políticos de las personas solo podrán ser proferidas por una autoridad judicial competente en proceso penal”, señala el artículo aprobado.
Añade que la autoridad competente “conservará el ejercicio de la vigilancia sobre la conducta oficial de los servidores públicos” y de esa manera no podrá suspender a los mismos, como pasa actualmente.
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El texto para tercer debate quedó con esa propuesta porque, según han señalado desde el Pacto Histórico, la autoridad no puede “quitarle” los derechos adquiridos políticamente a los funcionarios elegidos por voto popular.
Adicionalmente, señaló en su momento el representante por esa colectividad, Heráclito Landinez, que esa modificación a las facultades de la Procuraduría se debe a que “se tiene que cumplir la sentencia de la CIDH”, que recordemos le devolvió los derechos políticos a Gustavo Petro en su momento.
El representante y ponente de la reforma política dijo en su momento que “reconocer, entre otras cosas, una decisión de la Corte Interamericana donde los funcionarios elegidos, los servidores elegidos por voto popular, solo pueden perder su investidura por sentencias judiciales, no por una autoridad administrativa”.
Se reduce la edad para ser Senador
La Comisión Primera también aprobó la disminución de la edad que debe cumplir un ciudadano para aspirar y ser elegido senador, de 30 a 25 años.
La edad para ser representante en Colombia quedó en 25 años y no de 18, tal como pedía la ponencia inicial del Gobierno.
Dicha propuesta “abrirá la puerta para que el país tenga nuevos liderazgos, más jóvenes, más renovados y con visión de país” que muestre las preocupaciones que tiene hoy la sociedad, dijo en su momento el ministro del Interior, Alfonso Prada.
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Segunda vuelta para ciudades grandes
La discusión determinó eliminar la propuesta de una segunda vuelta electoral para ciudades y departamentos que superan los dos millones de habitantes, tal como lo buscaba el Gobierno.
Del mismo modo, se eliminó la posibilidad de que las Juntas de Acción Locales de la capital del país estarían conformadas por no menos de cinco ediles.
En cuanto a las curules de Paz, producto del Acuerdo con las Farc, se estableció una inhabilidad a las personas por cinco años a la fecha de inscripción para quienes hayan hecho parte de otro partido político o movimiento.
