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El embajador Murillo pasó de estar como diplomático encantado en Washington a canciller 'encartado' en Bogotá por el lío de los pasaportes.
Murillo fue sorprendido en Suiza por los actos del secretario general del ministerio, José Antonio Salazar, quien por su cuenta y riesgo decidió, de la noche a la mañana, 'adjudicar' una licitación que había sido declarada desierta el año pasado.
Según lo que supimos en la cancillería, Murillo y Salazar se reunieron el 22 de febrero para acordar los pasos a seguir en el trámite de la nueva licitación abierta este año para la elaboración y suministro de pasaportes.
Pues bien, esos pasos eran, más o menos, los siguientes:
Como el canciller Álvaro Leyva había asumido la conducción del proceso licitatorio para declarar desierta la anterior licitación, era natural que el Canciller Murillo, como encargado, devolviera esa delegación a la secretaria del ministerio y que esta dirigiera el proceso de la nueva licitación, que está en curso.
También, desde el 22 de febrero, Salazar supo de su retiro del cargo y que lo natural era presentar su renuncia.
Al día siguiente, el 23 de febrero, el Canciller Murillo suspendió el proceso licitatorio hasta tanto se evaluarán 550 observaciones de 19 interesados en la nueva licitación.
Así quedaron las cosas, pero... ¡oh sorpresa! El 26 de febrero el gobierno, empezando por el presidente Gustavo Petro, amaneció con la noticia de que el secretario Salazar, en lugar de firmar su renuncia, había firmado una serie de 3 actos administrativos revocando la declaración de desierta, hecha por el Canciller Álvaro Leyva, de la anterior licitación y había 'adjudicado' a la firma Thomas Greg and Son, la elaboración y suministro de pasaportes.
Y ahí fue troya y trino del presidente Petro clamando traición y anunciando la insubsistencia del secretario... Salazar salió a los medios diciendo que sus actos habían sido inconsultos y que se había ceñido a la ley.
El Canciller Murillo, en una declaración oficial, fue muy enfático en que el secretario Salazar desconoció sus instrucciones y la ley.
Los argumentos del Canciller Murillo aseguran que no se puede adjudicar un contrato sin dinero disponible, es decir, sin el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal y que ahí radica el mayor error del secretario Salazar. El certificado que Salazar pretendió usar está sin validez desde el 2 de octubre del año pasado y esos recursos fueron reasignados.
A eso se suma otro argumento jurídico de mucho peso y es que el secretario Salazar, como subalterno, no tenía ni tiene competencia para revocar un acto administrativo de su superior, el ministro de relaciones exteriores, para este caso, Álvaro Leyva Durán, que declaró desierta la licitación del año pasado.
Salazar y algunos críticos del gobierno dicen que el mismo Canciller Murillo el 22 de febrero devolvió la delegación al secretario para adelantar el proceso licitatorio. Pues resulta que la resolución 1344 delega la dirección de los procesos de contratación futuros o los que están en curso, pero en ningún lado menciona la facultad de revocar o revivir un proceso finalizado el año pasado por el Canciller Álvaro Leyva.
Por su parte, el Canciller Murillo, muy reposado y sereno, sigue analizando con su equipo de asesores los pasos a seguir para enderezar todo el entuerto jurídico, administrativo y político de los pasaportes, que se siguen expidiendo, sin alteraciones, en las oficinas de la Cancillería en Bogotá, gobernaciones y consulados en el exterior.
