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La plenaria del Senado de la República deberá votar en los próximos días las objeciones que presentó el Gobierno Nacional a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pese a que la Cámara de Representantes ya tomó una decisión al respecto.
El Gobierno tampoco tiene las mayorías para que los reparos expuestos por el presidente Iván Duque a esta norma sean acogidos, lo que quiere decir que también sufrirían una derrota.
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Ante esta situación, los miembros de la oposición que hacen parte de la subcomisión que se conformó para estudiar este tema, presentaron ya un informe negativo pidiendo hundir las objeciones.
En el documento, radicado por los senadores Iván Marulanda (Alianza Verde) y Alberto Castilla (Polo Democrático) aseguran que “lo afirmado por el señor presidente de República no responde a argumentos por inconveniencia, sino a objeciones que cuestionan la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria, o incluso atacan elementos contenidos en la sentencia antes mencionada”.
Según la oposición, el Gobierno está buscando “revivir disposiciones inexequibles, debatir interpretaciones hechas por la Corte Constitucional y desconocer el carácter definitivo del reconocimiento de la exequibilidad de varias de las normas objetadas”.
Señalan además que el presiente Duque se equivoca al utilizar las objeciones de inconveniencia para modificar algunas disposiciones incluidas en este proyecto y que ya fueron objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional, “vulnerando el principio de cosa juzgada y de paso la supremacía de la Constitución”.
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“Debemos abogar por darle cumplimiento al Acto Legislativo 02 de 2016 que señala que: “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final”, indican.
Finalmente, precisan que las objeciones presidenciales son un ataque a la norma estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, impiden el pleno avance de la JEP y ponen en riesgo la garantía de los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de quienes se someten a ella.
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