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El presidente Gustavo Petro, a través de su abogado, Pedro Alejandro Carranza, pidió al Consejo de Estado revocar el fallo que impuso controles estrictos a sus alocuciones presidenciales y que faculta a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para autorizar y supervisar sus intervenciones en televisión.
En el documento, la defensa del mandatario advierte que la decisión convierte a la CRC en un “censor administrativo” y crea un sistema de control previo “totalmente incompatible” con la Constitución y con la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Un órgano técnico no puede encender o apagar la palabra presidencial”
El escrito sostiene que el fallo crea un filtro administrativo capaz de definir si el Presidente puede hablar, durante cuánto tiempo y bajo qué criterios de urgencia o excepcionalidad.
“Las órdenes impartidas permiten que una entidad técnica pueda encender o apagar en tiempo real la comunicación del Jefe de Estado”, señala la defensa, calificándolo como un mecanismo de censura previa prohibido por el artículo 20 de la Constitución.
Críticas al argumento del “uso desmedido” de las alocuciones
La defensa del presidente Gustavo Petro también cuestionó que la sentencia base su decisión en un supuesto “uso desmedido” de las alocuciones sin presentar estudios comparativos, datos históricos o análisis del ecosistema informativo actual.
El documento asegura que no está probado que las intervenciones presidenciales hayan afectado el pluralismo informativo, ni que la CRC tenga competencia para decidir sobre contenidos políticos.
Advertencia por un “efecto cascada” en decisiones judiciales
El recurso alerta que la sentencia ya está generando efectos colaterales: menciona un reciente incidente de desacato en el que un juzgado ordenó al Presidente realizar un Consejo de Ministros televisado con formato y horarios específicos, e incluso contempló sanciones personales.
Según la defensa, este tipo de decisiones podrían multiplicarse y traducirse en jueces definiendo cómo, cuándo y a través de qué canal debe hablar el Presidente.
Piden revocar y replantear el esquema
El recurso solicita al Consejo de Estado que revoque la sentencia del 16 de septiembre de 2025 en lo que concierne al Presidente y a las órdenes dirigidas a la CRC.
Como alternativa, propone reforzar la transparencia sobre el uso de las alocuciones, garantizar espacios de réplica a la oposición y aplicar controles posteriores, pero no preventivos, en casos de abuso.
La Sala debe ahora definir si mantiene el modelo de supervisión previa o si acoge los argumentos del mandatario que lo califican como un esquema que afecta su libertad de expresión y sus derechos políticos como gobernante elegido por voto popular.
