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El expresidente César Gaviria expresó preocupación por los efectos institucionales y de seguridad que, según él, estaría generando la implementación de la política de “paz total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
En un extenso comunicado, Gaviria afirmó que las supuestas filtraciones sobre presuntos aportes irregulares a la campaña presidencial y la posible relación de funcionarios de las Fuerzas Militares con estructuras ilegales, como las disidencias de alias ‘Calarcá’, requieren explicaciones urgentes.
“De comprobarse, estaríamos ante una interferencia criminal inaudita”, afirmó el exmandatario al pedir “transparencia absoluta” y acción inmediata de las autoridades.
El jefe único del Partido Liberal advirtió que el problema no se limita a la eventual financiación irregular. Según él, “no se trata solo de una acusación electoral: es la sospecha de que estructuras criminales han permeado la toma de decisiones”.
También afirmó que el presidente Petro debería revisar la confianza que deposita en su equipo más cercano frente al manejo de los procesos con las disidencias. “Lo que le ha ocurrido al presidente Petro con subalternos muy cercanos a él es de la mayor gravedad”, sostuvo.
Gaviria llamó la atención sobre denuncias relacionadas con el ciudadano chino Jixing Zhang. Según dijo, estaría “ofreciendo millonarios recursos y sofisticado armamento” en Colombia y Venezuela, lo que, a su juicio, amerita una investigación formal.
En su declaración, cuestionó el rol del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño. Sostuvo que sus pronunciamientos “parecen haberse convertido en el de un ‘perdonador oficial’”, y pidió claridad sobre los informes en los que se sustentan decisiones públicas frente a la responsabilidad de los grupos armados.
El expresidente pidió una investigación pública y cuestionó lo que considera falta de avance judicial frente a hechos en los que se ha señalado a estructuras armadas ilegales. “La justicia no puede ser selectiva ni funcional a ningún actor armado”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que la política de paz no ha mostrado resultados concretos, ya que los grupos armados han ampliado su capacidad territorial y criminal. De continuar así, advirtió que el país podría enfrentar “una profunda erosión de la confianza ciudadana en las instituciones” y un deterioro mayor del orden público, por lo que insistió en la necesidad de “corregir el rumbo”.
