La FM en Google News
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz se pronunció frente a la propuesta del presidente Gustavo Petro de implementar la modalidad de aspersión aérea con glifosato para erradicar los cultivos ilícitos en territorios donde predominan grupos criminales que han instrumentalizado a la población civil para amedrentar a miembros de la Fuerza Pública.
La Defensora de los derechos humanos insistió en que el Gobierno Nacional no debe poner en tela de juicio la decisión de la Corte Constitucional, en su sentencia, T-236 de 2017, que ordenó la no reanudación de la fumigación aérea con glifosato en Colombia hasta que se cumplieran requisitos. Por un lado, la consulta previa a comunidades étnicas afectadas y un proceso de toma de decisiones basado en el principio de precaución.
La Defensora aseguró que el Gobierno Nacional debería volver a retomar el acuerdo final de paz en materia de sustitución de estos cultivos en vez de considerar la implementación del Glifosato como solución a la erradicación de la hoja de coca.
Lea: Buscan por ley limitar los viajes al exterior del presidente de la República
"Ha habido un crecimiento de los cultivos de uso ilícito debido a muchos factores, entre ellos el incumplimiento del acuerdo final de paz en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito. (...) hay que volver al plano original", aseguró la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
La Defensora criticó la postura del Gobierno de poner en manos de la Corte Constitucional la responsabilidad de cambiar la política antidrogas pese a que el alto tribunal ya estableció en su sentencia ciertas políticas que deberían cumplirse si llegase a implementarse dicha medida por el gobierno de turno.
Marín Ortiz adoptó esta posición en aras de dejar sobre la mesa que el Gobierno debe centrar un proceso de paz en los territorios y permitir la participación de todas las comunidades en cada región.
Por su parte, la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, una de las invitadas al evento del día Nacional de los Derechos Humanos, advirtió que el Estado Colombiano es incapaz de proteger la ciudadanía en los territorios e investigar las redes de crimen organizado y de corrupción que operan en el país.
Por otro lado, Goebertus también reveló alarmantes cifras de desplazamientos en lo que va del año 2025 frente al 2024. Señaló que en temas de desplazamiento se ha incrementado este fenómeno en un 30%, por su parte el confinamiento aumentó en un 44%, en un 3% se incrementaron las cifras de homicidios y en un 53% los secuestros en relación con las cifras del año 2024.
Lea: Gloria Patricia Perdomo será la nueva ministra de las TIC
¿QuédicelasentenciadelaCorteConstitucional?
La sentencia del glifosato se refiere a la Sentencia T-236 de 2017 de la Corte Constitucional de Colombia, que ordenó la no reanudación de la fumigación aérea con glifosato para erradicar cultivos ilícitos hasta que se cumplieran dos requisitos clave: la consulta previa con comunidades étnicas afectadas y la aplicación del principio de precaución con una evaluación de riesgos y medidas de mitigación.
Posteriormente, en la Sentencia T-413 de 2021, la Corte reiteró la importancia de la participación ciudadana y la consulta previa, rechazando el Plan de Manejo Ambiental que pretendía restablecer la aspersión aérea, y el gobierno ha intentado en varias ocasiones que la Corte interprete o reconsidere estas decisiones.
