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El presidente Iván Duque aseguró que "nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad", esto en respuesta al informe que entregó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde Washington, donde dio a conocer las observaciones y recomendaciones sobre la situación de derechos humanos en Colombia en el marco del paro nacional, tras la visita de una de sus comitivas al país el pasado 8, 9 y 10 de junio.
Entretanto, la vicepresidenta y Canciller Marta Lucía Ramírez, se pronunció en nombre del Gobierno colombiano manifestando, que hay puntos en los que coinciden, sin embargo, advierte que "el Estado se aparta de algunas consideraciones expuestas por la CIDH".
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"Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. Nosotros hemos sido un Gobierno que -como se lo hemos dicho a la CIDH- y sobre todo hemos sido un país, respetuoso de la protesta pacífica como una expresión de la ciudadanía. Pero, los actos de vandalismo, de terrorismo Urbano de baja intensidad y los bloqueos que atentan contra los derechos de los ciudadanos, están siendo enfrentados con el tratamiento que la Constitución y la ley les otorga", manifestó el mandatario.
En la respuesta oficial que presentó el Gobierno se advierte que: "Colombia coincide con algunas observaciones contenidas en el documento, las cuales habían sido previstas por el Gobierno Nacional. Tal es el caso de la elaboración de un proyecto de ley estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la reunión y a la manifestación pública y pacífica en Colombia, de acuerdo con lo dictado por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y de conformidad con lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
Sin embargo enfatizan en que: "el Estado se aparta de algunas consideraciones expuestas por la CIDH, a la vez que expresa la necesidad de que todas las organizaciones de derechos humanos, tengan muy en cuenta la responsabilidad que conllevan sus pronunciamientos, en medio de la inestabilidad que afrontan algunas naciones, derivada de la crisis de la economía, el empleo y la salud pública, acarreada por la pandemia del covid-19".
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El Gobierno rechazó la creación de un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad”, como la anunció la CIDH en su comunicado.
"Reiteramos que nuestro Estado cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, cimentada en principios democráticos y garantías para todos los ciudadanos y, por tanto, no consideramos necesario un mecanismo de seguimiento", añadió el Gobierno Nacional.
El Ejecutivo también rechazó "la sugerencia del presunto uso de la fuerza contra poblaciones específicas, así como una supuesta estigmatización estructural. Ante ello, es pertinente recordar que el Estado garantiza en su marco jurídico y en sus políticas públicas la protección de los derechos de grupos étnicos, población LGBTI y personas en estado de vulnerabilidad".
Finalmente calificaron como "supremamente delicado que la Comisión sugiera que autoridades impidieron deliberadamente el paso de misiones médicas y ambulancias. El Estado no tiene conocimiento formal, y en caso de comprobarse, debe ser plenamente esclarecido y los responsables sancionados".
