Las ocho medidas del Gobierno para frenar asesinatos de líderes sociales

El presidente Juan Manuel Santos y su equipo de Gobierno tomaron varias decisiones urgentes y encaminadas a garantizar la protección de los líderes sociales, quienes han sido amenazados, atacados y asesinados en varias regiones del país.

Al término de la reunión de la Comisión de Garantía de Seguridad, el Jefe de Estado anunció ocho medidas de choque para evitar que más defensores de derechos humanos sigan siendo asesinados.

Santos también ordenó al Ministerio de Defensa la intervención urgente por 30 días de ocho departamentos, tras identificar que son los más afectados por el asesinato de líderes sociales.

Se trata de los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Nariño, Córdoba y Chocó, en los cuales buscarán atender a la población y evitar que se sigan presentando crímenes contra los líderes y defensores de derechos humanos.

El plan del Gobierno

Se fortalecerán y aumentarán los esquemas de protección colectiva; el Gobierno proveerá de más recursos a la Unidad Nacional de Protección, se creará una nueva ventanilla única para recibir las denuncias sobre amenazas o posibles atentados y se implementará un sistema de recompensas cuyos montos aún no están definidos.

De igual forma, se buscará unificar las cifras que manejan la ONU, la Fiscalía, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones sociales, sobre los líderes víctimas de homicidio en el territorio nacional.

Según la información entregada por el ente investigador, a las entidades del Gobierno, en los últimos tres años han recibido denuncias sobre el asesinato de 181 defensores, de los cuales 89 casos ya están totalmente esclarecidos.  

Estas son las medidas anunciadas por el Gobierno:  

1. Acelerar y ampliar el programa de medidas colectivas de seguridad a 10, sumando los municipios de Corinto, Cáceres, El Bagre, Buenaventura, Quibdó y Tame.

2. Ordené un Plan Urgente de Intervención  (Fase inicial por 30 días) en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional para las zonas más afectadas por estos hechos en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle, Risaralda, Nariño, Córdoba y Chocó.

3. Dentro del “Plan Horus” ordené priorizar el componente de seguridad a líderes sociales y de DD.HH, complementado con acciones de control microfocalizados en veredas priorizadas.

4. Para fortalecer la protección colectiva, el Ministerio de Defensa pondrá en marcha las Unidades Básicas de Protección - UBP, dependientes de las Seccionales de Protección de la Policía para desarrollar esquemas colectivos

5. Fortalecer la Unidad Nacional de Protección. Esta unidad ha hecho una gran gestión en la protección de líderes pero somos conscientes de que debemos hacer más:

a. Más recursos para los estudios de riesgo colectivo

b. Más presupuesto para ampliar esquemas individuales.

c. Implementación de la Ruta Colectiva de Riesgo.

6. Desde el Ministerio de Defensa se fortalecerá el instrumento de reacción rápida que hoy atiende las alertas generadas por le Defensoría al interior del Sistema de Prevención y Alerta creado en el acuerdo de paz.

7. Ordené crear una ventanilla única de denuncia en el Ministerio del Interior a través de una línea para la recepción de información oportuna sobre amenazas contra líderes sociales y defensores de DD.HH.

8. Creamos un sistema de recompensas por toda información que permita identificar a los responsables de los atentados contra los líderes sociales y de Derechos Humanos, recompensas que serán aún mayores por la identificación de autores intelectuales de estos crímenes.

El presidente Juan Manuel Santos reiteró su compromiso con las comunidades y espera que el próximo gobierno de Iván Duque se preocupe por garantizar su protección.

Las cifras de asesinatos

Durante la reunión de la Comisión de Garantías, convocada de urgencia por el Gobierno Nacional, las autoridades presentaron una radiografía de las amenazas y muertes de líderes sociales que se han presentado en el territorio nacional.

Según los datos suministrados por la Fiscalía durante la reunión, se han presentado 67 homicidios de excombatientes de las Farc en los últimos dos años. Van 35 casos en 2018 y fueron 32 en 2017.

De esos episodios se han esclarecido 29 asesinatos. Ninguno que actualmente tenga medidas de protección, ha sido víctima. 

También ha informado que en los últimos tres años han ocurrido 181 homicidios de líderes sociales, de los cuales se han esclarecido 89.