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El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie Rivera, advirtió sobre la intención del Gobierno de aplicar una expropiación exprés en el Catatumbo bajo la figura de la Ley de Conmoción Interior.
Lafaurie señaló que el Decreto 108, recientemente expedido, se basa en la Ley 1523 de 2012, que regula la política de gestión del riesgo de desastres, para implementar una expropiación administrativa con mínimos recursos para el propietario. “Es increíble que en la exposición de motivos el Gobierno mismo confiesa que acude a la Ley 1523 porque ‘la aplicación del procedimiento de expropiación agraria regulado en la Ley 160 de 1994… genera demoras’”, afirmó. Y agregó: “¿Y por qué es demorado? Porque garantiza la intervención de un juez en el derecho del afectado a defender la propiedad de su predio”.
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El dirigente gremial resaltó que la crisis en el Catatumbo no puede abordarse con medidas pensadas para desastres naturales, cuando el problema real es la violencia derivada del narcotráfico. “La región sufre un verdadero desastre, sí, pero de ilegalidad y violencia, el desastre de la guerra entre bandidos por el control territorial para mantener sometido al Catatumbo a la maldición del cultivo de coca, el narcotráfico y toda suerte de rentas ilegales”, aseguró.
Si bien reconoció que el decreto podría superar el examen constitucional, advirtió que esto no debe convertirse en un pretexto para extender esta medida a otras regiones del país. Además, cuestionó la insistencia del Gobierno en priorizar la entrega de tierras en un contexto de inseguridad. “Puedo asegurar que, ahora mismo, los 40.000 desplazados no están pidiendo tierra, muchos ya la tienen y están más preocupados por su seguridad y su vida, por no perder lo que ya poseen”, sostuvo.
Lafaurie insistió en que la prioridad debe ser restablecer el orden antes de repartir tierras. “Las prioridades del Gobierno, antes que expropiar y repartir tierras en medio del caos, deberían ser: primero, la restitución del orden y la seguridad de los pobladores; segundo, la protección de las tierras abandonadas por los desplazados, en riesgo de despojo por parte de los bandidos que tienen incendiada la región”, afirmó.
También propuso que, si se requieren tierras dentro de los planes de recuperación, estas deberían ser las utilizadas para cultivos ilícitos, sujetas a extinción de dominio. “Ahí están las de la coca, no las de los campesinos obligados a sembrarla, que lo que necesitan son programas de sustitución con mercados”, indicó.
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Por último, reafirmó el compromiso de Fedegán con la reforma agraria, asegurando que, en el marco del convenio con el Gobierno Nacional, el gremio continuará revisando y fomentando la oferta de tierras para compra directa con este propósito.
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