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En los últimos días se difundió una fotografía donde el candidato a la presidencia del Centro Democrático, Iván Duque, está sobre una tarima en compañía del senador Álvaro Uribe Vélez y el dueño de Merkandrea Alirio Mora, hoy investigado por ser un presunto testaferro de las Farc y prófugo de la justicia.
Aunque Duque Márquez reconoció la veracidad de la imagen, aseguró que este fue un evento desafortunado que es propio de actividades de campaña.
Estas son las imágenes difundidas por el periodista Jorge Gómez Pinilla, en su cuenta de Facebook:
"Ahí salió que en un evento había un señor que es dueño de un supermercado, nosotros estábamos en un evento que es público y se acercó", destacó el candidato del Centro Democrático.
"Estamos en contra del testaferrato, a todo el que sea testaferro de una organización criminal hay que sancionarlo. Esos son asuntos desafortunados que pueden pasar en un evento político”, explicó Duque.
El candidato a la Presidencia agregó que durante su gobierno castigaría a quien se asocie con la delincuencia, como en el reciente caso de la cadena de supermercados. "Lo que no nos va a pasar es eso, el que la hace la tiene que pagar. A todos los que estén asociados con la criminalidad se les tiene que sancionar", concluyó.
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Nuevos detalles se han conocido este lunes de cómo operaban los locales de los supermercados Supercundi, propiedad de tres presuntos testaferros de las desmovilizadas Farc, hecho que actualmente es investigado por la Fiscalía General de la Nación.
LA FM reveló cómo este grupo de presuntos testaferros de las Farc también tuvo contratos con las administraciones de Melgar (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). Este almacén tenía una serie de contratos para suministrar todo tipo de víveres a estas dos administraciones locales.
Supercundi suscribió un primero contrato en noviembre de 2007 con la alcaldía de Fusagasugá, época en la que el alcalde era Máximo Antonio Rodríguez. El objeto del contrato era que Supercundi suministrara víveres de productos perecederos y no perecederos para los restaurantes escolares del municipio.
En el caso de Melgar el contrato se firmó cuando era alcalde Gentil Gómez en 2012 y terminó en febrero de 2013. El objeto del contrato era el suministro de alimentos no perecederos para el programa complemento nutricional para adulto mayor de alta vulnerabilidad en el municipio. El valor del contrato fue de $148 millones.
Estos contratos adjudicados por ambas administraciones demuestran que había confianza entre las partes y que las alcaldías jamás sospecharon que podrían ser –como afirma la Fiscalía– testaferros de las Farc.
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