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El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió al trámite de la ley de sometimiento, cuya ponencia para primer debate ya quedó lista y tendrá que comenzar su discusión en los próximos días.
Velasco afirmó que esta iniciativa es una herramienta clave para que los miembros de las organizaciones criminales tengan claras las condiciones que ofrece el Gobierno para su desmovilización y entrega a la justicia.
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“El proyecto de sometimiento es muy importante por el mensaje que queremos enviar y el mensaje es que el Gobierno y el Congreso han construido una propuesta para que estas Bacrim sepan a qué atenerse”, sostuvo.
El ministro del Interior asegura que no es conveniente que esta ley siga siendo sometida a debates por fuera del Congreso, razón por la cual, pide que pronto se inicie la discusión sin que ello implique generar un trancón legislativo.
“No nos parece conveniente que se siga hablando de acercamientos, de abogados, no, esto es lo que el Gobierno ofrece y la sola presentación del proyecto y el inicio del debate es un buen mensaje. Hay que sacar de las especulaciones y de espacios ajenos al Congreso este tema y que lo resuelvan ustedes y que nos digan si el proyecto les gusta o no”, manifestó.
“El Gobierno considera que por lo pronto, para no generar un trancón legislativo, preferimos tenerlo sin mensaje de urgencia”, indicó el funcionario del Gobierno.
De igual forma, el ministro Velasco le hizo un llamado a la Comisión Primera del Senado para agendar la discusión de otras reformas constitucionales que podrían hundirse si no se continúa con su trámite.
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“Solicitarles que hagamos un esfuerzo en la autonomía de la Comisión Primera para que podamos desde el lunes votar unos actos legislativos que si no tomamos una decisión se nos van a hundir por trámite, que son cannabis y jurisdicción agraria”, anotó.
La ley de sometimiento ofrece penas de hasta 10 años para los miembros de organizaciones criminales, no habrá estatus político para los integrantes de esos grupos y los cabecillas podrán quedarse hasta con el 6% de los bienes ilegales, siempre y cuando el monto de los mismos no supere los 11.000 millones de pesos.
