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La huella del exfiscal Eduardo Montealegre en el Ministerio de Justicia de Gustavo Petro poco a poco va borrándose. La cartera ha dado varios giros, y fuentes confirman que podría haber otros, mientras que el mandatario busca quien ocupe la jefatura en propiedad.
Petro le había ofrecido el 13 de noviembre ser ministro al expresidente de la Corte Suprema César Valencia Copete. El exmagistrado rechazó la propuesta seis días después, aparentemente por problemas de salud que le impiden asumir labores de tal calibre a tiempo completo.
El secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, era el ministro de Justicia encargado, como lo fue cuando Ángela María Buitrago renunció. Pero una incapacidad médica provocó que el mandatario designara en interinidad a su secretario de Transparencia, Andrés Idárraga.
Idárraga permanecerá en el cargo, por ahora, de manera indefinida. El abogado ha sido uno de los funcionarios de más confianza del jefe de Estado. Ha acompañado a Petro en denuncias de presunta corrupción y ha sobrevivido a todos los remezones ministeriales.
Llega a una cartera compleja en un momento tenso. El mandatario sostiene confrontaciones con las altas cortes, en medio de la postura del presidente de la Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, de tumbar la reforma pensional por vicios de trámite.
Valencia era la mayor oferta de conciliación de Gustavo Petro, a la cabeza de un Gobierno que da por hecho que el ministro del Interior, Armando Benedetti, es un perseguido de la justicia, como lo manifestó cuando la magistrada Cristina Lombana allanó su vivienda.
"En honor a los magistrados perseguidos, será ministro de Justicia el exmagistrado César Julio Valencia Copete", trinó en su momento el jefe del Estado, quien condecoró al especialista en Derecho Comercial con la Cruz de Boyacá en Grado de Caballero el año pasado.
Montealegre renunció el 24 de octubre al Ministerio de Justicia. Dijo que quería dedicarse a su defensa en el caso de manipulación de testigos en el que Álvaro Uribe fue absuelto, pero en el Congreso se preparaba una moción de censura en su contra y la Procuraduría lo investigaba.
Ahora su legado se difumina. Olga Lucía Claros, quien entró al Viceministerio de Política Criminal en junio después de trece años como fiscal delegada ante tribunales, renunció el 18 de noviembre tras una petición formal de parte de la Presidencia.
El 19 de noviembre, Andrés Idárraga le aceptó la dimisión. Firmó el decreto junto al presidente Petro. La directora de la Política de Drogas del ministerio, Marcela Tovar, asumió como viceministra encargada, aun cuando el Gobierno pretende hacerla embajadora ante la ONU.
Claros llegó a la cartera de la mano de Eduardo Montealegre para ser una de las arquitectas del proyecto de ley de sometimiento, que no avanza en el Congreso y que fue una de las banderas del ministerio para crear un marco jurídico para la política de Paz Total.
Yefferson Dueñas, por su parte, está en el limbo mientras avanzan los ajustes en el sector. Es viceministro de Promoción de la Justicia, conocido por ser uno de los principales defensores de que el presidente podía llamar a una consulta popular por decreto.
Montealegre nombró a Dueñas en junio junto a Claros, fortaleciendo un equipo de asesores que radicalizó las posturas del ministerio para orientarlo a las posibilidades de una constituyente. El último gesto del exfiscal fue, precisamente, el globo de un proyecto para llamar a una asamblea.
Por lo pronto, los movimientos en la cartera del Derecho continuarán. La idea es allanar el camino para su cuarto jefe, quien sucederá a Néstor Osuna —hoy procurador delegado para Derechos Humanos—, Ángela María Buitrago y Eduardo Montealegre.
