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En el Congreso de la República consideran que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ha sido una entidad fallida que no ha podido cumplir su deber de administrar los centros penitenciarios del país, debido a los focos de corrupción que allí se presentan.
Los operativos que se han hecho en algunos sitios de reclusión, especialmente en el de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el proceso que se le adelanta al expresidente Álvaro Uribe, han avivado de nuevo la discusión sobre una posible eliminación del Inpec, para trasladar sus funciones a una dirección adscrita a la Policía Nacional.
Esta propuesta la planteó el senador Richard Aguilar desde hace varios meses, cuando se presentó la fuga de la excongresista Aida Merlano, condenada por hechos de corrupción electoral. Sin embargo, la iniciativa aún no se ha presentado por falta de consenso con el Gobierno y los sindicatos de la entidad.
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“Este año vamos a comenzar sosteniendo reuniones con el Ministerio de Justicia y también hemos convocado a los diferentes sindicatos para tener una propuesta conjunta, ya sea de una liquidación o una reestructuración de fondo del Inpec”, señaló Aguilar.
Dijo que el proyecto debe incluir una completa reestructuración de la planta del Inpec, que le permita al Gobierno prescindir de los funcionarios que incurran en faltas graves.
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“Lo primero que se debe hacer es modificar el fuero sindical y hacer unos procesos laborales dispendiosos con un régimen de transición para que no haya masacre laboral, y lo segundo, que se acoja un nuevo régimen de carrera que permita sacar del cargo a las personas que no cumplan cabalmente con sus funciones”, manifestó.
El proyecto de ley debe tener el aval del Gobierno Nacional, ya que la propuesta inicial es que esa norma le otorgue facultades al Presidente de la República para ordenar la liquidación o una completa reestructuración del Inpec.
