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Juliana Guerrero, la representante del presidente Gustavo Petro en la Universidad Popular del Cesar, no acudió a la conciliación que la Corte Suprema de Justicia programó tras una denuncia de la cesarense contra la representante a la Cámara Jennifer Pedraza.
Pedraza insinuó que la ausencia de Guerrero podría deberse a "todo lo que la opinión pública conoce" acerca de las irregularidades de su paso por la Fundación San José, e invitó a la integrante del consejo superior de la UPC a hablar ante la justicia.
"Esto no es un asunto personal", expresó la congresista al salir de la fallida diligencia. "Incluso, ella puede ser uno de los eslabones más débiles de esta cadena en la que hemos encontrado prácticas más sistemáticas", agregó junto a su abogado.
La representante instó a Guerrero a que "le diga a la justicia colombiana toda la verdad". "Si este país está viendo un cartel de títulos, un cartel de diplomas, necesita saberlo la justicia colombiana para llegar hasta las últimas consecuencia", sentenció.
Guerrero denunció a Pedraza por calumnia y delitos informáticos porque la congresista expuso que no cumplía con los requisitos para ser viceministra de Juventud, un cargo en el que el gobierno de Petro la mantuvo como candidata por mes y medio.
Su postulación resultaba al menos llamativa desde la primera vez que apareció en el portal de aspirantes el 14 de agosto, pues no contaba en ese momento con un título profesional. Dos semanas después la Presidencia volvió a cargar su documentación.
Cuestionamientos
Incluso sin un diploma, y con apenas 23 años desde su nacimiento en abril de 2002, Juliana ya había sido secretaria ejecutiva en el Ministerio del Interior y en la Secretaría de Transparencia, y acreditaba una experiencia de seis años en cargos públicos.
La Fundación investigó internamente y comprobó que Guerrero no cumplió los requisitos legales para egresar, principalmente el del examen estatal Saber Pro, así que le anuló el título. Todo, en medio de solicitudes de información y tutelas de Pedraza.
El mandatario y su ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, tenían el respaldo del ministro del Interior, Armando Benedetti, para quien Guerrero trabajaba antes de que su nombre se hiciera más público por viajes presuntamente irregulares a Valledupar.
La joven mencionó en su hoja de vida que era contadora de la Fundación San José, a la que el Ministerio de Educación investiga por aparentes irregularidades en entregas de títulos sin que los estudiantes presentaran las pruebas Saber Pro.
Pedraza denunció públicamente que Guerrero no había hecho el examen académico estatal, y la cesarense le pidió a la Corte Suprema sancionar a la legisladora. El magistrado Héctor Alarcón abrió una investigación previa y citó a conciliar.
Defensa
En principio, Guerrero pidió un aplazamiento por un asunto de fuerza mayor de su abogado. Alarcón lo desestimó porque en las conciliaciones importan las partes, no sus defensores. El magistrado decidirá qué sigue, aunque el equipo de Pedraza espera un archivo.
La San José responsabilizó de las irregularidades Luis Carlos Gutiérrez, su exsecretario general, a quien destituyó en medio de su proceso interno y denunció ante la Fiscalía. Gutiérrez aseguró en sus descargos que tenía un acuerdo con Guerrero.
Según el exdirectivo, su objetivo fue garantizarle a la cesarense "la posibilidad de acceder a una oportunidad laboral" con el compromiso de que ella "cumpliría" con las pruebas de Estado, como cuenta el acta de una reunión en la institución en septiembre.
El presidente ha defendido a Guerrero en distintos escenarios, describiéndola como una "joven rebelde" a quien no pueden "acusar de haberse robado un peso". La propia Juliana decía en septiembre que "en teoría" no le quitarían el título y que sí haría las Saber Pro.
Los señalamientos contra Guerrero nunca se han basado en robos de dinero, aunque sí salió de la cartera del Interior por un escándalo de presuntos usos indebidos de aeronaves de la Policía con su hermana Verónica para viajar de Bogotá a Valledupar.
El Gobierno ha asegurado que sus viajes se enmarcaron en una misión de la política de 'Paz Total' y en la protección que Juliana debía recibir luego de un atentado en su contra. La Procuraduría investiga si en realidad hubo motivos personales de por medio.
