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Un grupo de exministros y exviceministros de Salud expresó su profunda preocupación frente al Decreto 0858 expedido por el Gobierno Nacional, para implementar el "Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo".
A través de un comunicado, advirtieron que la medida constituye una reforma de facto sin debate democrático, sin respaldo técnico ni financiero, que además pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia.
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E ese sentido, explicaron que el decreto no soluciona la crisis actual del sistema de salud, ni garantiza el financiamiento adecuado a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Además, critican la ausencia de estudios técnicos transparentes y de un análisis fiscal responsable.
“Con este decreto, el Gobierno sustituye pilares fundamentales del sistema sin pasar por el Congreso, lo cual contraría el principio de división de poderes y elimina el debate democrático”, señalaron.
A su juicio, el modelo propuesto genera una alta incertidumbre institucional, operativa y financiera, debilitando el aseguramiento individual, modificando el papel de las EPS y trasladando funciones clave a entidades territoriales sin capacidad probada.
También explicaron que la nueva normativa, en lugar de representar una solución estructural, podría agravar la crisis del sistema, amenazando el acceso, la calidad y la equidad en la atención. “La salud de millones no puede decidirse por imposición ideológica”, recalcaron.
Consideraron que el decreto actúa como una reglamentación parcial de leyes vigentes —como la Ley Estatutaria de Salud y las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011—, pero termina creando un nuevo sistema sin base jurídica sólida, lo que puede generar contradicciones legales y operativas.
Incluso, compararon el riesgo de su aplicación con el colapso del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Además de solicitar al Consejo de Estado medidas cautelares para frenar la implementación del decreto, los exministros hicieron un llamado al Gobierno para que retome la vía democrática.
Finalmente, los exministros invitaron al Congreso de la República a asumir su responsabilidad constitucional, corrigiendo el rumbo de una reforma que según afirman, se ha desarrollado al margen de la institucionalidad.
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También llamaron a la ciudadanía a ejercer vigilancia activa sobre estas decisiones, con el fin de proteger sus derechos en salud.
