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Cecilia López, exministra de Agricultura, expresó su preocupación respecto al proyecto de ley ordinaria sobre la jurisdicción agraria presentado ante el Congreso.
Según López, el proyecto contiene una "contradicción evidente" que debe ser aclarada. En sus declaraciones, López cuestionó que a primera vista, parece que no hay una expropiación directa, pero López señala que en el parágrafo uno del artículo 12, claramente le están entregando la capacidad de tomar la decisión a la Agencia Nacional de Tierras".
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López también destacó que el proyecto de ley utiliza términos que ya están en la constitución y en otros proyectos de ley, pero con modificaciones sutiles. "Por ejemplo, para la extinción de dominio, lo que dice la norma inicialmente es que es para quien no esté dándole la utilidad social a la tierra, pero le meten la palabra concentración que no estaba en la versión original", explicó.
Finalmente, López advirtió que el proyecto de ley podría sustituir el mecanismo legal actual, que es un proceso judicial, por un proceso administrativo. "En el artículo 5, en el párrafo donde entregan la responsabilidad a la Agencia Nacional de Tierras, entonces ya la función de los jueces es posterior. Eso lo tienen que aclarar, porque así lo que están haciendo es sustituir el mecanismo legal", concluyó.
La exministra hizo un llamado a revisar y aclarar estos puntos para evitar posibles malentendidos y asegurar que el proyecto de ley cumpla con su propósito sin generar confusión.
En contraste, Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se refirió a la presunta “expropiación” dentro del Proyecto de Ley Ordinaria de la Jurisdicción Agraria. Aseguró que se buscan fantasmas asociados a la expropiación que no existen.
Según el director, la Jurisdicción Agraria para la ANT no difiere de lo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo, destacando que dichas condiciones forman parte de las establecidas por la Corte Constitucional.
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Sin embargo, destacó que “en las competencias para que nosotros podamos tomar decisiones de segunda instancia”, señaló a RCN Radio.
Por otra parte, sostuvo que los elementos asociados a la utilidad pública forman parte de la legislación agraria desde la Ley 200.
“Es curioso que se diga esto cuando el mismo artículo 65 de la Constitución Nacional establece que la producción de alimentos se tiene que proteger con el amparo constitucional”, señaló Harman a RCN Radio.
Sumado a esto, cuestionó que, aunque la Ley 160 tiene los mismos elementos, siguen “izando a fantasmas asociados a la expropiación que no existe”, concluyó en diálogo con RCN Radio.
