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El sindicato de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), correspondiente al Instituto Nacional Penitencia y Carcelario (Inpec), en colaboración con 12 senadores de la Comisión Séptima del Senado, examinan un proyecto de ley que busca permitir que los guardias puedan pensionarse después de 20 años de servicio.
La propuesta tiene como objetivo establecer un marco normativo para regular las actividades de alto riesgo que desarrollan los integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria en Colombia, garantizando así sus derechos a la seguridad y la salud en el trabajo.
De acuerdo con la iniciativa, la edad de los trabajadores no será un factor determinante, y se exigirá que hayan acumulado al menos 1.029 semanas de cotización. Asimismo, se establece que la base de liquidación de la pensión será del 75% de lo devengado durante el último año de servicio, lo que mejorará sustancialmente las condiciones económicas de los guardias en su etapa de retiro.
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Según los funcionarios del Inpec, los trastornos mentales más comunes incluyen estrés postraumático, derivado de la exposición a accidentes laborales, asaltos, agresiones y violaciones.
Además, muchos de los guardias sufren de trastornos del sueño debido a la vigilancia constante en los centros penitenciarios. También se ha identificado el síndrome de agotamiento profesional, resultado de las largas jornadas laborales y la alta presión asociada al manejo de personas privadas de la libertad.
Los efectos de estas condiciones laborales en la calidad de vida de los guardias son alarmantes. Entre las principales afectaciones se encuentran las extensas jornadas de trabajo, la falta de descanso reparador, la interrupción de vacaciones por las necesidades del servicio, los traslados constantes que afectan la estabilidad familiar, y la escasa oferta de actividades recreativas.
Además, los guardias enfrentan condiciones de hacinamiento e insalubridad en los centros de reclusión, lo que incrementa el riesgo de enfermedades y complicaciones de salud.
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La exposición constante a situaciones de violencia, como robos, motines, peleas, amenazas, suicidios, consumo de sustancias psicoactivas, violaciones y muertes violentas, también es una preocupación constante.
Desde 2018, 28 funcionarios del Inpec han sido asesinados, de los cuales 27 pertenecían al cuerpo de custodia y vigilancia y en los últimos tres años, 836 amenazas directas a funcionarios.
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