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Un fuerte rechazo generó en varios sectores políticos del país el decreto expedido por el Ministerio de Hacienda que autoriza al Gobierno adelantar el cobro de la retención en la fuente del año 2026.
Ante esta situación, desde diferentes esferas se han anunciado demandas ante el Consejo de Estado para tumbar esta medida, que según advierten, podría afectar gravemente la economía del país y las empresas.
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El Centro Democrático emitió un comunicado en el que señala que este decreto “desvía fondos que aún no han sido devengados para el año fiscal 2026, comprometiendo la caja del próximo gobierno y rompiendo la lógica de recaudación gradual”.
Además, advierte que “al reducir los umbrales mínimos y aumentar hasta en más de un 200 % las tarifa de retención, se imponen anticipos fiscales que superan la capacidad de pago de millones de microempresarios, profesionales independientes y hogares de ingresos medios”.
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La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, también anunció una demanda, teniendo en cuenta que el decreto del Gobierno pone en riesgo miles de empleos en Colombia.
“El decreto que acaba de despedir el Gobierno Nacional que impone un anticipo del impuesto de renta sobre la fuente, es un golpe durísimo para las pequeñas y medianas empresas del país. Obligar a pagar un impuesto sobre ingresos que ni siquiera se han recibido y no sabemos si lo van a recibir, pone en riesgo la estabilidad de miles de negocios y empleos”, dijo.
“Desde el Congreso de la República vamos a demandar este decreto ante el Consejo de Estado. No vamos a permitir que se siga asfixiando el tejido empresarial de nuestro país”, añadió la dirigente política.
Juan Diego Gómez, dirigente conservador, confía en que las autoridades judiciales salvaguarden a los colombianos de a pie. “Esperamos que el Consejo de Estado tumbe cuanto antes este decreto que afecta gravemente el bolsillo de los colombianos y que abre un hueco fiscal para el próximo año y deja en serios problemas al nuevo gobierno que sea elegido el próximo año”, anotó.
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El representante liberal Carlos Felipe Quintero, también se mostró en contra de esta norma y pidió al Gobierno echar para atrás esta medida. “Esta es una reforma tributaria encubierta que adelanta ingresos de 2026 a 2025, afectando el flujo de caja de muchas empresas, afectando la productividad. Le pedimos al Gobierno, le exigimos que revoque este decreto que va asfixiar a las empresas del país”, indicó.
Se espera que el Consejo de Estado se pronuncie rápidamente sobre las demandas que serán interpuestas, para evitar que los ciudadanos se vean afectados económicamente.
