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Este jueves se conoció que la multinacional brasileña Odebrecht demandó el Estado colombiano por 3.8 billones de pesos, argumentando que el Estado colombiano "expropió" su accionar en Colombia, específicamente en la Ruta del Sol.
“Con fundamentos en las afirmaciones fácticas y legales expuestas, que sustentan cada reclamación, la presente carta constituye una notificación formal de disputa conforme al artículo 10 del APPRI (Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones). España reclama la indemnización y el resarcimiento de los daños causados a sus inversiones por las múltiples violaciones a sus obligaciones asumidas bajo el acuerdo”, dice la demanda.
Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, indicó que efectivamente el Estado colombiano fue notificado de una noticia de arbitramento que es considerada, desde su punto de vista, como una "pre-demanda", donde Odebrecht se cobija, supuestamente, por un tratado de protección de inversión alegando una serie de hechos para pedir una reparación.
Según Vélez, Colombia sí está obligado a aceptar dicho arbitraje, teniendo en cuenta que está suscrito en varios tratados de protección de inversiones. Afirmó que la demanda de la multinacional brasileña no es la única que tiene Colombia, puesto que existen 15 de este estilo, pero la mayoría de ellas sin justificación alguna.
El director de Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado calificó el sistema de arbitramento de inversiones como "una tierra de nadie jurídica", dado a que según él permite que los inversionistas de manera "abusiva como en muchos casos", demanden al Estado.
Por lo tanto, Vélez señaló que la defensa en demandas como la de Odebrecht le cuesta al Estado colombiano tres o cuatro millones de dólares. Agregó que este tipo de procesos duran aproximadamente entre 24 y 36 meses. "Cualquier litigio es indeseable y el Estado colombiano en todas las materias de derechos humanos, de inversión, temas comerciales, siempre tiene abierta la puerta a una conciliación, a una solución amistosa", indicó Luis Guillermo Vélez.
El 9 de julio pasado, la constructora Odebrecht pactó pagar 2.700 millones de reales (697 millones de dólares al cambio actual) a las arcas públicas brasileñas por el intricando sistema de sobornos desvelado por la justicia, en un acuerdo firmado con la Abogacía General de la Unión (AGU).
Ese monto, que podrá pagarse en 22 años, corresponde a sobornos pagados por la firma a cerca de 150 agentes públicos, a los beneficios obtenidos en contratos de forma corrupta y a multas, detalló la AGU en una rueda de prensa en Brasilia. La constructora ya se había comprometido a pagar 2.600 millones de dólares en multas a Estados Unidos, Suiza y Brasil por su intricado sistema de sobornos.
Odebrecht quedó en el centro del escándalo de corrupción que estalló en Brasil con la investigación "Lava Jato" y salpicó a varios países de la región, donde está acusada de pagar sobornos a cambio de ganar licitaciones para obras públicas. El escándalo de Odebrecht ha sacudido los círculos del poder y la política en América Latina, llevando a la cárcel a expresidentes y altos funcionarios en países como Brasil, Perú y Colombia.
Escuche a Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
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