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La Corte Constitucional declaró inexequible una disposición de la Ley de Paz Total que buscaba incorporar automáticamente los acuerdos humanitarios con grupos armados al bloque de constitucionalidad. La decisión se produjo tras la demanda presentada por Andrés Caro Borrero, presidente de la Fundación para el Estado de Derecho, quien cuestionó la legalidad de esta medida.
"La Ley de Paz Total, aprobada por el Congreso en 2022, establecía que cualquier acuerdo parcial, final o protocolo firmado por el Gobierno con grupos ilegales que tuviera carácter humanitario se integraría de inmediato al Derecho Internacional Humanitario", explicó Caro en entrevista con La FM de RCN. "Esto es absurdo. Es como si usted y yo nos sentáramos a hablar y de nuestra conversación saliera una norma internacional vinculante para todos los países del mundo".
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Según Caro, la incorporación automática de estos acuerdos al bloque de constitucionalidad implicaba que cualquier negociación del Gobierno con el ELN o las disidencias de las FARC tendría un estatus superior a la Constitución, sin pasar por el Congreso. "Era como decir que lo que el Gobierno acordara con el ELN en el Catatumbo sería vinculante para el emperador de Japón", agregó.
La Corte respaldó los argumentos de la Fundación para el Estado de Derecho y reafirmó que los acuerdos de paz tienen carácter político y requieren un proceso legislativo adecuado para su implementación. "Sin esta decisión de la Corte, el Gobierno podría argumentar que cualquier acuerdo con los grupos armados estaba por encima de la Constitución. Ahora, todos los acuerdos tendrán la revisión legal y constitucional correspondiente", explicó Caro.
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En cuanto a los efectos de esta decisión, Caro señaló que el Estado colombiano tiene una estructura jurídica basada en procedimientos claros, y que modificar acuerdos pasados, como los alcanzados en 2016 con las FARC, requeriría una reforma constitucional. "Nuestra democracia es muy procedimental, lo que significa que lo que aprueba el Congreso es ley y cualquier modificación debe pasar por un proceso riguroso", concluyó el jurista.
