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El jurista Carlos Pablo Márquez dejará de ser conjuez, al menos por una ocasión. Pasará de la banca de suplentes de la más alta esfera judicial a la titularidad, para marcar el rumbo de la reforma pensional, un proyecto insignia del gobierno de Gustavo Petro que podría caerse en 2026.
Dos semanas después de que la Corte le notificara que por sorteo lo escogió para la discusión de la Ley 2381, Márquez respondió. El abogado le envió una carta de dos páginas a la secretaria del alto tribunal, Andrea Liliana Romero, aceptando su designación.
"No estoy en curso (sic) en ninguna de las causales de impedimento", afirmó Márquez, con lo que confirmaría que no correrá la misma suerte del magistrado Héctor Carvajal, quien terminó fuera de la deliberación por su trabajo en favor de la reforma.
Márquez sostuvo que ejercerá su encargo "con autonomía, independencia, transparencia, moralidad, lealtad e imparcialidad". Y explicó que ni él ni sus parientes se beneficiarían de la norma, sin importar si la Corte la derrumba o la mantiene viva.
El cuarto párrafo de su misiva es clave. Relata su cercanía con tres miembros de la Sala Plena: Miguel Polo, de la llamada ala liberal de la Corte; Jorge Enrique Ibáñez, el presidente del alto tribunal que aspira a declarar inexequible la reforma, y Lina Escobar, del ala conservadora.
Las relaciones que Márquez le reveló a la Corte
"Cursé estudios de pregrado en Derecho en la Universidad Javeriana y soy amigo del magistrado Miguel Polo Rosero", contó el conjuez. Añadió que fue "compañero de trabajo" de Ibáñez y de Escobar, también en la Javeriana, como profesor investigador, hasta junio de 2025.
Para Márquez, "todas esas relaciones corresponden a interacciones académicas y profesionales propias de la vida universitaria y laboral". A su juicio, "no afectan ni afectarán" su "autonomía, independencia, transparencia, moralidad, lealtad e imparcialidad".
El alto tribunal se estancó el 24 de noviembre con cuatro votos a favor y cuatro en contra de la ponencia de Ibáñez, que le pide a la Plena tumbar la pensional por vicios de trámite. El mismo día la Sala escogió a Márquez para que incline la balanza hacia algún lado en particular.
La figura del conjuez es propia de los tribunales. Funciona para destrabar discusiones empatadas, como la de la pensional. Paola Meneses, Lina Escobar y Carlos Camargo estuvieron con Jorge Enrique Ibáñez, en contraste con Miguel Polo, Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel.
Al ser parte de la Sala Plena, los conjueces tienen las mismas obligaciones que los magistrados incumbentes. De hecho, para que los magistrados postulen a un conjuez —en medio de un proceso interno, distinto al de los magistrados que el Senado escoge—, deben cumplir los mismos requisitos.
La votación estancada y el papel del conjuez
Carlos Pablo Márquez ocupa la casilla once en la lista de dieciocho conjueces que la Corte nombró en marzo para que estén preparados para ser magistrados titulares en cualquier momento hasta marzo de 2026. El magistrado Miguel Polo Rosero lo postuló.
El mentado jurista es egresado de la Universidad Javeriana. Tiene una maestría en Economía del mismo centro de estudios, donde ha sido docente, y una en Derecho de Harvard, además de un doctorado en Derecho de la Universidad de Oxford.
La Sala dejó sin voz ni voto al togado Héctor Carvajal por haber intervenido en tres de los 85 procesos que la pensional encara. El hombre de confianza del presidente Gustavo Petro defendió para Colpensiones y el Ministerio de Trabajo la Ley 2381, así que fue recusado.
Para Carvajal, Ibáñez creó "un procedimiento no establecido en la ley" y desconoció el principio de buena fe, según una carta que le envió al jefe del alto tribunal mostrando su "enérgica protesta por la forma como se viene tramitando la recusación".
Ibáñez argumenta que la Cámara de Representantes falló en el trámite legislativo de la reforma al aprobar exactamente el mismo texto que avaló el Senado sin ahondar en su contenido. El Congreso, por su parte, asegura que no cayó en ninguna irregularidad.
