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En medio de la polémica que hay en el país por la posible excarcelación masiva de 30 mil presos en el país en el próximo mes de julio, en el Congreso continúan trabajando para evitar que esto suceda.
Por esa razón la próxima semana empezará la discusión de la iniciativa gubernamental que busca frenar esta salida judicial de muchos presos que están siendo investigados por graves delitos.
Dentro de ese paquete de medidas que tiene el Gobierno para evitar los beneficios judiciales para algunos presos, está el de evitar la excarcelación de aquellos que estén siendo investigados por delitos sexuales.
Por esa razón el senador Carlos Fernando Motoa, ponente de la iniciativa, aseguró que la finalidad es que los operadores judiciales tengan un plazo máximo de tres años contados a partir del mes de julio para definir los procesos relacionados con este tipo de delitos.
“Queremos que los delitos sexuales tengan un plazo de medida de aseguramiento o detención preventiva de un año que pueda ser prorrogado por un año más, pero su vigencia inicie a partir del 2017. Es decir, los delincuentes sexuales no tendrán ninguna posibilidad de quedar en libertad en aproximadamente tres años si así lo considera el juez de garantías“.
Y es que aunque la agenda del país ha estado centrado en otros temas, la posibilidad de miles de presos puedan salir de un momento a otro tiene en jaque al Congreso, razón por la cual se debe parar de inmediato esa situación.
“Queremos que esto suceda con los delitos sexuales por la complejidad del asunto, porque involucra diferentes etapas y valoraciones en la investigación, porque cuando la víctima es una niña o niño, el juzgamiento requiere de un mayor análisis por parte de los operadores judiciales“.
La iniciativa gubernamental también contempla frenar las prácticas dilatorias, que algunos abogados practican, para buscar la libertad de sus clientes.
En un artículo se fijaría que el tiempo perdido durante la etapa de investigación, sea sumado a la condena o a la medida de aseguramiento que imponga un juez.
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