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Las Comisiones Primeras de Senado y Cámara aprobaron, en primer debate, el proyecto de ley que obliga a los funcionarios de corporaciones públicas elegidos por voto popular, a rendir cuentas a la ciudadanía.
Sin embargo, a la iniciativa se le introducirán cambios que implican la supresión de unos artículos con los cuales se obligaba a congresistas, concejales, diputados y miembros de Juntas Administradoras Locales a hacer públicos sus votos, a revelar el desarrollo de su agenda y la gestión de las partidas presupuestales.
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La senadora Angélica Lozano advirtió el sentido de la decisión tras señalar que fue “por un acuerdo que hicieron el Gobierno y Cambio Radical para cambiar esos artículos. Celebramos la aprobación, pero encendemos todas las alarmas que pueden estarle quitando el alma para la plenaria a este proyecto de rendición de cuentas”.
La representante Juanita Goebertus espera que dicho pacto no se materialice, porque le haría mucho daño al espíritu del proyecto.
“Muchos de nosotros ya publicamos todos estos elementos, es un retroceso que pretendan eliminar este deber y es un retroceso que pretendan eliminar este deber de hacer públicas estas gestiones, la agenda y los votos”, indicó.
Sin embargo, el senador Santiago Valencia, ponente del Centro Democrático, explicó que estos deberes quedarían demasiado abiertos y podría prestarse para malos entendidos.
“Dice que los congresistas deben dar a conocer todas las gestiones, reuniones y acercamientos con funcionarios públicos y en el Congreso uno se encuentra diariamente con ministros y todo el tiempo estamos hablando con ellos de temas de la región. Esto se podría circunscribir únicamente a aquello que tiene que ver con la agenda formal de los congresistas en los Ministerios y con una gestión de gestión de recursos para las regiones”, indicó.
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El Gobierno Nacional, a través de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, celebró la aprobación de la iniciativa que busca promover la transparencia en la gestión que realizan los funcionarios elegidos por voto popular.
Este proyecto de ley anticorrupción, que se salvó por haber superado su primer debate antes del 20 de junio, pasará ahora a estudio de las plenarias de Senado y Cámara.
