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El Gobierno Nacional respondió en el debate de control político que citó el senador Jorge Enrique Robledo por las irregularidades y casos de corrupción que se estarían presentado en la Triple A, empresa de acueducto y alcantarillado de Barranquilla.
Durante la sesión, Robledo afirmó que el desfalco por los contratos de asistencia técnica que se suscribieron con el grupo Inassa, podría ascender a alrededor de 234.000 millones de pesos.
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La superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, indicó que si a través de las investigaciones se demuestra que hubo pagos por servicios no prestados, la empresa que se benefició tendrá que devolver los dineros.
“En la medida en la que se determine desde el punto de vista de las investigaciones, que esos pagos de esos contratos de asistencia técnica, se hicieron por servicios que no fueron prestados y que haya un fallo judicial al respecto, la Superintendencia entrará a desconocer esos costos y la empresa tendrá que hacer las devoluciones correspondientes”, indicó.
Y dijo: “Antes de que haya un fallo formal, la Superintendencia no puede desconocer costos que están dentro del esquema tarifario que pueden soportarse para efectos de la prestación de los servicios públicos”.
La directora de la SAE (Sociedad de Activos Especiales), María Virginia Torres, denunció por su parte que dentro de la Triple A podría haber algunos funcionarios de alto nivel que quieren entorpecer las investigaciones.
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“Hemos sido muy atacados, desafortunadamente los grupos minoritarios, unidos con personas de adentro de muy alto nivel, nos han ocultado información”, dijo Torres al advertir que “cuando en diciembre pedíamos que nos dieran los listados de los contratos, siempre nos daban una lista, pero a la junta siguiente aparecía otro que ya se iba a vencer”.
El senador Jorge Robledo insistió en que la Triple A debe pasar nuevamente a ser propiedad de la ciudad para que las utilidades no pasen a manos privadas, sino que se distribuyan en inversiones para los barranquilleros.
