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Los congresistas que viajaron a Washington (EE.UU.) para sostener reuniones encaminadas a fortalecer la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, radicaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, para proteger sus derechos políticos, su libertad de consciencia y la integridad personal, debido a la “persecución política” de la que han sido víctimas por parte del Gobierno de Gustavo Petro.
Así quedó consignado en una solicitud que cobija al presidente del Congreso, Efraín Cepeda y a los ocho senadores que hundieron la reforma laboral, que son Lorena Ríos, Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Esperanza Andrade, Nadia Blel, Ana Paola Agudelo, Berenice Bedoya y Miguel Ángel Pinto.
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La primera solicitud de los senadores Cepeda y Ríos, indica que decidieron “solicitar el amparo de nuestros derechos políticos, libertad de conciencia y de religión y a la integridad personal, en relación con la obligación de respeto del artículo 1.1 Convencional, que se han visto vulnerados, en una situación que se agrava día a día por la persecución política llevada a cabo por Gustavo Francisco Petro Urrego, en su calidad de presidente de la República de Colombia, en nuestra contra por asumir una posición crítica y desfavorable frente al proyecto de reforma laboral propuesta por su Gobierno”.
Adicionalmente, los ochos parlamentarios de la Comisión Séptima firmaron una solicitud propia en la que denuncian amenazas de muerte y violación de sus derechos, razón por la cual esperan que se adopten medidas para protegerlos.
“Solicitamos respetuosamente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adopte medidas cautelares para proteger la vida e integridad física y moral de los miembros del Congreso de la República de Colombia que se han visto afectados por los hechos antes relacionados, y ordene al Estado de Colombia, en concreto al Gobierno Nacional en cabeza de su presidente Gustavo Francisco Petro Urrego”, señala el documento.
Adicionalmente, pide que se le ordene al mandatario abstenerse de utilizar sus redes sociales para incitar al odio, a la violencia, al bullying, a los ataques mediáticos y al escarnio público a los miembros del Congreso, especialmente a los legisladores de la Comisión Séptima que no han apoyado las iniciativas del Gobierno.
“Se ordene al Estado Colombiano a brindar especial protección a los miembros del Congreso de la República, en especial del Senado de la República y de la Comisión VII del Senado que radicaron la ponencia negativa con proposición de archivo de la reforma laboral”, indica la denuncia.
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También piden que se conforme una comisión internacional, veedora y de especial seguimiento al trámite legislativo de las iniciativas que están siendo impulsadas por el Gobierno Nacional en el Congreso.
En la denuncia adjuntaron los trinos del presidente Gustavo Petro y las amenazas que han venido recibiendo de manera constante en las redes sociales por haber archivado el proyecto de reforma laboral.
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