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La Procuraduría ratificó la inhabilidad de 12 años impuesta al Superintendente de Subsidio Familiar Luis Guillermo Pérez, quien fue sancionado por el organismo por supuestamente haber solicitado dinero a cajas de compensación vigiladas en Buenaventura (Valle del Cauca) y presuntas irregularidades en un proceso de selección.
El organismo estableció que Pérez solicitó dinero a cajas de compensación vigiladas con lo que utilizó su posición para una finalidad distinta a las establecidas en la ley, por lo que la delegada, calificó esa falta como inaceptable, al haberse hecho la petición a entidades a las que debía inspeccionar, vigilar y controlar.
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La decisión también se debe a que Pérez realizó modificaciones a los requisitos inicialmente exigidos en las listas de elegibles para cargos administrativos, pues para la Procuraduría, los cambios se hicieron sin razones justificadas.
En el oficio que llamó a juicio disciplinario a Pérez, la Procuraduría señaló que fueron incluidas personas que no habían participado en la convocatoria realizada en mayo de 2022 o que no cumplían los requisitos mínimos para integrarla.
La Procuraduría estableció que con al cercenar los derechos de quienes conformaban las listas de elegibles el servidor vulneró los principios de igualdad, legalidad y moralidad.
En redes sociales, Pérez afirmó que no vulneró ningún principio constitucional y afirmó que la decisión de abrir la lista de candidatos fue tomada debido a que el gobierno anterior había decidido cerrar el proceso un día antes de cambio de gobierno.
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"No atenté contra la administración pública, ni cometí ningún hecho de corrupción, se me sanciona por haber contribuido al avance de la paz total en Buenaventura, por haber actuado con solidaridad con una población azotada por la violencia. Se me sanciona por haber abierto una lista cerrada que me dejó el gobierno anterior un día hábil antes de que iniciara el nuevo mandato constitucional", afirmó el Supersubsidio.
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