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La Procuraduría General de la Nación realizó una inspección a la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el objetivo de encontrar información sobre el caso de los vehículos que fueron usados para transportar disidentes de las Farc, en zona rural de Antioquia.
El organismo realizó la diligencia en la entidad para recolectar documentos que permitan establecer la presunta responsabilidad de funcionarios de la UNP, en aparentes omisiones a las normas que rigen las actuaciones de esa entidad.
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La procuradora encargada del proceso, explicó que según lo recaudado, los esquemas son tercerizados, por lo que revisarán los procesos de contratación para individualizar responsabilidades.
"Encontramos que si bien es cierto la mayoría de los integrantes del esquema colectivo de protección son tercerizados, vamos a indagar los procesos de contratación y los manuales de funciones, lo que podría llevar a establecer responsabilidades en conductas", afirmó la procuradora Lucila Mercedes Vidal.
La delegada afirmó que producto de este caso, realizarán una nueva inspección a la oficinal de la Consejería para la Paz para conocer como estarían relacionados los trámites para esquemas de seguridad con personas de organizaciones en diálogos con el Gobierno.
"Vamos a realizar una inspección disciplinaria en la Oficina de la Alta Consejería para la Paz, así como también en la Unidad Militar de Bello. Seguimos fortaleciendo la prueba para tomar prontas decisiones en este evento que ocupa nuestra atención", añadió la delegada.
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Por este caso, la Procuraduría ya adelanta una indagación previa para determinar los funcionarios que estarían relacionados con este caso, mientras se recolectarán más pruebas para individualizar y establecer si hay faltas disciplinarias.
La procuradora continuará con las diligencias para conocer más documentos, con respecto a las asignaciones de estos recursos.
