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El director saliente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía Mejía, afirmó que el aumento del salario mínimo para 2026, fijado en $2’000.000 con el subsidio de transporte, tendrá efectos directos sobre la inflación y llevará a un escenario de tasas de interés más altas para hogares y empresas.
Impacto en inflación y tasas de interés
En entrevista con La FM, Mejía señaló que el incremento, superior al 23%, se ubica por fuera de los rangos discutidos en la mesa de concertación y, a su juicio, tendrá efectos macroeconómicos relevantes. Uno de los principales, dijo, será la presión inflacionaria.
“Este aumento seguramente va a traer un aumento de la inflación, como ya lo había anticipado la Junta del Banco de la República, y eso implicará mayores tasas de interés desde el Banco de la República y, por supuesto, mayores costos de financiamiento para hogares y empresas”, afirmó.
Según explicó, el mayor costo del crédito afectará tanto a consumidores como a empresas, en un contexto en el que el financiamiento ya representa una carga importante para la actividad económica.
Efectos sobre empleo e informalidad
Mejía advirtió que el incremento del salario mínimo también tendrá consecuencias sobre el mercado laboral, especialmente en los segmentos de menor tamaño empresarial.
“Muchos microempresarios no van a poder pagar un aumento del 23% en el costo laboral, lo que implicará un aumento de la informalidad”, sostuvo.
Agregó que esta presión sobre los costos puede derivar en una reducción de la demanda de empleo formal, particularmente en sectores intensivos en mano de obra.
Adopción tecnológica y sectores más expuestos
Otro de los efectos mencionados por el economista es la aceleración en la adopción de tecnología como respuesta al mayor costo laboral.
“Vamos a ver una aceleración de procesos de adopción tecnológica en sectores como el comercio o la vigilancia, con efectos negativos en la demanda de empleo”, explicó.
Coherencia fiscal y costos para el Gobierno
Luis Fernando Mejía también cuestionó la coherencia entre el discurso económico del Gobierno y sus decisiones recientes, en especial tras la declaratoria de emergencia económica.
“Por un lado se habla de una economía que crece y reduce inflación y desempleo, y por otro lado se decreta una emergencia económica por la situación fiscal”, señaló.
Indicó que el aumento del salario mínimo tiene impactos fiscales directos. “Solo el incremento relacionado con las pensiones de un salario mínimo le costaría al Gobierno cerca de 3,6 billones de pesos adicionales”, precisó.
Explicación para los hogares
Para ilustrar el impacto en la vida cotidiana, Mejía puso como ejemplo a los pequeños comercios. Explicó que la mayoría del empleo en el país lo generan microempresas con márgenes de rentabilidad reducidos.
“Pensemos en una panadería con cuatro o cinco trabajadores. A partir del primero de enero, el costo del empleo le sube 23%. Ese panadero tiene dos opciones: subir el precio del pan o reducir el número de trabajadores. Lo más probable es que combine ambas”, explicó.
Según concluyó, ese mecanismo se traduce en aumentos de precios, menor empleo formal y mayores presiones inflacionarias, efectos que terminan afectando a los mismos hogares que dependen del salario mínimo.
