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Desde hace varios días, por lo menos 50 familias campesinas que sustituyeron la hoja de coca en el Catatumbo en el año 2016, en el marco del proceso de paz entre el gobierno nacional y la extinta guerrilla de las Farc, siguen a la espera del pago correspondiente por la erradicación de los cultivos ilícitos.
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Más de 2.600 familias que se acogieron al programa de sustitución de cultivos ilícitos en el marco del plan piloto en Tibú y Sardinata, denuncian que desde hace varios años, no les han cumplido con los pagos correspondientes por la erradicación de la hoja de coca, y el fallido proceso de sustitución por cultivos lícitos.
Ante esta situación, un grupo de campesinos que están en medio de la compleja situación humanitaria en el Catatumbo por los combates entre el ELN y las disidencias de las FARC, llegaron a las oficinas del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, (PNIS) en la ciudad de Cúcuta, exigiendo la presencia de la dirección del programa y el pago de los compromisos adquiridos.
Alexander Molina representante de la comunidad de Puerto Las Palmas en zona rural del municipio de Tibú indicó que le adeudan a cada una de las más de 2.050 familias por lo menos $15 millones, de los cuales hasta el momento no han sido saldados.
"En los núcleos uno y dos en Caño Indio y La Angalia, Puerto Las Palmas se firmó en 2017 el acuerdo de sustitución, desafortunadamente no se han dado los pagos y esto ha generado desconfianza entre las comunidades, que incluso habían ya erradicado las matas de coca y no les pagaron"; manifestó el líder campesino.
A esto se suma, que han denunciado que cerca de 550 familias que se estaban inscritas en el programa y que habían arrancado la hoja de coca, fueron expulsadas del mismo, lo cual generó que muchas de ellas volvieran a resembrar, aumentando así el número de hectáreas de coca en el Catatumbo.
Por ello, han solicitado la presencia de la directora del programa de sustitución Gloria Miranda y del gobierno nacional en pleno para que se cumplan con los compromisos adquiridos con estas familias que han sido víctimas de ataques y amenazas por parte de los grupos armados que se oponen a esta práctica.
De igual forma, hay incertidumbre ante el anuncio de los pagos por sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícitos con el 90 % de un salario mínimo y donde se estarán destinando $362 mil millones. Para este caso se tiene estipulado otorgar un pago de $1.280.000, durante 12 meses.
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Las familias que llegaron a Cúcuta, han manifestado que continuarán en las instalaciones del programa en la ciudad mientras no dan una respuesta oportuna por parte del gobierno nacional y de la dirección del programa de sustitución de cultivos ilícitos.
Ante esta situación, Diógenes Quintero, representante a la Cámara por las curules de paz, manifestó hace varios meses que los incumplimientos del Plan nacional de sustitución de cultivos ilícitos han sido flagrantes, al punto que solo el 3 % del universo de las familias cultivadoras de hoja de coca en la región, fueron incluidas en el programa con beneficios parciales.
“Más o menos el 3 % de las familias que cultivan coca en el Catatumbo tuvieron acceso al PNIS y se han dado muchos incumplimientos, demoraron los pagos a las familias, tardaron en ejecutar los proyectos transitorios y es la hora y los proyectos productivos no han llegado a las regiones”; expreso el representante a la Cámara.
Para Quintero este tipo de retrasos que, asegura, se vienen presentado desde el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, resta legitimidad a los procesos, al punto que la legitimidad que Gustavo Petro tiene en territorios donde se requiere la sustitución, se ha ido reduciendo.
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