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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra José Homero Cadena Bacca, expresidente y representante legal de EMSSANAR EPS SAS entre 2020 y 2021, por presuntas irregularidades en el pago de comisiones de corretaje y gastos financieros mediante la figura del factoring, por un valor cercano a los $5.000 millones.
La Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda señaló que, en 2020, Cadena Bacca habría desatendido la prohibición legal y estatutaria sobre la utilización de las rentas de destinación específica para la salud en actividades distintas a la prestación de servicios de salud. Según la entidad, esto provocó una reducción en los recursos de la Unidad de Pago por Capitación asignados a la EPS.
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"Al aceptar la suscripción de los contratos de factoring, Cadena Bacca habría incurrido en un uso indebido y desmedido de los recursos financieros destinados a la salud", indicó la Procuraduría. La entidad advirtió que esta conducta podría haber desconocido el principio de economía y eficacia, lo que fue calificado como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
Preocupación por la Unidad de Pago por Capitación (UPC)
Como se recuerda, un grupo de exministros y exviceministros de Salud expresó su preocupación por las deficiencias en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), en el marco de la instalación de la Mesa Técnica que realizó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional.
"El grupo de exministros y exviceministros de Salud y Protección Social, firmante de esta comunicación, reafirma su profunda preocupación por el proceso mediante el cual se definió la UPC 2025, que compromete la financiación suficiente del sistema de salud y, en consecuencia, la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud de todos los colombianos", señalaron en una carta conjunta.
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El documento también cuestionó la decisión del Ministerio de Salud de fijar para 2025 la UPC en 5,36%, argumentando que "su definición se hizo sin el rigor técnico y metodológico exigido por las normas." Además, indicaron que la resolución 2717 de 2024 comprometió principios de legalidad, seguridad jurídica, transparencia, participación democrática, deliberación pública y eficiencia en el gasto público, e incurrió en "falsa motivación."
